MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg
Alejandro Castañeda advirtió que la medida podría poner en riesgo la prestación del servicio para 1,3 millones de hogares en Atlántico, Magdalena y La Guajira
Horas después de que el presidente Gustavo Petro anunciara su intención de liquidar Air-e para integrar sus activos a una empresa pública regional, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, rechazó la propuesta y la calificó como una decisión “irresponsable e ilegal”.
Según el dirigente gremial, una eventual liquidación implicaría que la compañía deje de operar de manera inmediata, lo que impediría continuar con actividades esenciales como la compra y venta de energía, la facturación y la prestación del servicio. Castañeda aseguró que, en ese escenario, los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira podrían enfrentar graves afectaciones en el suministro eléctrico.
El presidente de Andeg también cuestionó que el Gobierno no haya presentado un operador alternativo para asumir la prestación del servicio. A su juicio, las empresas públicas del sector no cuentan con la capacidad financiera ni operativa para hacerse cargo de una compañía que atiende a cerca de 1,3 millones de hogares y que, según afirmó, registra pérdidas mensuales de entre $150.000 millones y $200.000 millones.
Castañeda sostuvo además que la liquidación enviaría una señal negativa a los acreedores de Air-e. Recordó que, tras la intervención de la compañía en septiembre de 2024, los generadores continuaron suministrando energía pese a los retrasos en los pagos. Según sus cálculos, la deuda acumulada de la empresa con el sector eléctrico asciende a $2,5 billones, de los cuales $1,7 billones corresponden a generadores térmicos.
Para el dirigente gremial, la alternativa más viable es mantener la intervención y destinar recursos que permitan normalizar la situación financiera de la empresa. Advirtió que una liquidación podría agravar los problemas del sector eléctrico y aumentar el riesgo de un racionamiento financiero o de dificultades en la prestación del servicio en momentos en que el país se prepara para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño.
Según detalló la entidad, con estos procesos pretende evaluar el cumplimiento de las funciones relacionadas al reporte de información al Sistema Único de Información, SIU