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Kim Jong Un, líder supremo de la República Popular Democrática de Corea
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Esta no ha sido la primera vez, el país asiático defendió el lanzamiento de misiles en una declaración ante la ONU en 2017
El lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte fue un ejercicio de su derecho a la autodefensa "para disuadir movimientos militares peligrosos de fuerzas hostiles y salvaguardar la seguridad de nuestro Estado", dijo el jueves el representante del país en una inusual comparecencia inusual frente el Consejo de Seguridad de la ONU.
Los 15 miembros del Consejo de Seguridad se reunieron después de que Corea del Norte dijera que había probado el miércoles su más reciente misil ICBM Hwasong-18, añadiendo que el arma es el núcleo de su fuerza de ataque nuclear.
"Rechazamos y condenamos categóricamente la convocatoria de la sesión informativa del Consejo de Seguridad por parte de Estados Unidos y sus seguidores", declaró ante el Consejo el embajador norcoreano ante la ONU, Kim Song.
Corea del Norte habló por última vez en una reunión del Consejo sobre sus programas nucleares y de misiles balísticos en diciembre de 2017, dijeron diplomáticos.
Corea del Norte -formalmente conocida como la República Popular Democrática de Corea (Rpdc) ha estado bajo sanciones de la ONU por sus programas de misiles y nucleares desde 2006. Esto incluye la prohibición del desarrollo de misiles balísticos.
En los últimos años, el Consejo ha estado dividido sobre cómo tratar a Pyongyang. Rusia y China, con derecho de veto junto con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, han afirmado que más sanciones no ayudarán y quieren que se reduzcan las medidas.
China y Rusia culpan a los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur de provocar a Pyongyang, mientras que Washington acusa a Pekín y Moscú de alentar a Corea del Norte al protegerla de más sanciones.
"Rusia y China han impedido que este Consejo hable con una sola voz. Y con estos repetidos lanzamientos, Pionyang está demostrando que se siente alentado", declaró ante el Consejo el embajador adjunto de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Jeffrey DeLaurentis.
Solo en intereses, las naciones en desarrollo pagaron US$415.000 millones, recursos que dejaron de destinarse a servicios esenciales como educación, salud primaria o infraestructura básica
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