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El Gobierno de Milei ya ha otorgado beneficios fiscales, cambiarios y jurídicos a las mineras a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves en la madrugada una reforma a una ley que protege los glaciares andinos, una iniciativa del Gobierno para promover inversiones mineras, que es resistida por científicos y ambientalistas que advierten sobre riesgos para los recursos hídricos del país.
La Cámara Baja aprobó la reforma por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La ley entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial, debido a que el Senado ya había dado media sanción en febrero.
La reforma introduce cambios que, según críticos, debilitarían la protección de los glaciares.
En contraste, firmas mineras y gobernadores de las provincias con proyectos extractivos afirman que aportaría precisiones para avanzar con inversiones que podrían posicionar al país como un proveedor clave de cobre y litio, metales clave para la transición energética.
Uno de los puntos más controvertidos es la delegación en las provincias de la definición de estándares para la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial, que incluye formaciones de hielo cubiertos por fragmentos de roca que pueden constituir una reserva hídrica estratégica.
Agrupaciones ambientalistas y políticas se manifestaron fuera del Congreso, donde hubo algunos enfrentamientos con la policía, mientras se debatía el proyecto impulsado por el presidente ultraliberal Javier Milei.
"No se trata de elegir entre ambiente o desarrollo, sino de tener ambos. Una ley mejor diseñada con criterios técnicos claros, con mayor participación provincial y controles efectivos puede lograr ese equilibrio", dijo el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, en una reciente audiencia pública realizada en el Congreso.
La ley vigente, sancionada en 2010, prohíbe la explotación minera y de otras industrias en glaciares y zonas periglaciales (glaciares de escombro y suelo congelado), y fija presupuestos mínimos para su protección con el objetivo de preservar estas formaciones como reservas hídricas estratégicas.
La norma también creó el Inventario Nacional de Glaciares, que identificó 16.968 cuerpos de hielo en la cordillera de los Andes, con una superficie cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados, un informe elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA).
En líneas generales, el sector científico argentino respalda la legislación vigente y cuestiona la reforma por considerar que responde a intereses productivos y políticos, mientras que grupos ambientalistas sostienen que favorece a grandes proyectos mineros.
"Queremos expresar preocupación ante el proyecto de modificación de la ley que debilita la protección de los glaciares y ambientes periglaciares de Argentina y manifestar la importancia de sostener criterios científicos unificados, con sustento técnico del Ianigla y del sistema científico nacional", dijo en febrero la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en un comunicado.
Legisladores de las provincias cordilleranas del país, donde se encuentran los recursos minerales y los glaciares, respaldan el proyecto y el diputado oficialista José Peluc, de la provincia minera de San Juan, criticó a opositores que viven lejos de Los Andes y rechazan la propuesta.
"Estamos totalmente a favor de esto porque la experiencia minera la tenemos, porque la experiencia de la falta de agua la tenemos", dijo Peluc, haciendo referencia a la aridez natural de San Juan, donde se encuentran los principales proyectos de cobre.
"Si nosotros habilitamos equivocadamente minería que afecta a cuencas y esas cuencas sirven para que vivan siete millones de compatriotas, vamos a tener impactos sociales, económicos, políticos irreversibles", enfatizó en cambio Martín Lousteau, diputado opositor por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Gobierno de Milei ya ha otorgado beneficios fiscales, cambiarios y jurídicos a las mineras a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que logró atraer a compañías como Glencore Plc y BHP.
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