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A nivel regional se observa que 46,8% de esta población recibe solamente pensión, mientras 5,1% tiene alguna entrada de dinero
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió una alerta por la situación de vulnerabilidad e inseguridad económica de los adultos mayores que se ha agravado por el impacto de la pandemia del covid-19. Al menos 34,5% de los mayores de 65 años carecen de algún ningún tipo de ingreso laboral ni pensiones.
A nivel regional se observa que 46,8% de esta población recibe solamente pensión, 5,1% tiene un ingreso laboral y pensión, mientras que 13,6% reporta solo ingreso laboral. En total, solamente 51,9% reciben una mesada de jubilación.
“La proporción de personas mayores sin ingreso laboral ni pensión aumentó de 31,9% en 2019 a 34,6% en 2020 y 34,5% en 2021. Esta brecha de cobertura es la más alta de toda la serie disponible desde el año 2012”, destaca la nota técnica publicada por la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.
Los sistemas contributivos de pensiones permiten asegurar una continuidad en los ingresos, en la medida que se cumpla con los requisitos de edad y años de cotización requeridos para la obtención del beneficio lo que depende de trayectorias laborales formales.
Sin embargo, la cobertura contributiva se redujo 0,4 puntos porcentuales entre 2019 y 2021, pasando de 47,4% a 47% de la fuerza de trabajo ocupada. La caída en el nivel de cotizantes para el año 2020 representa un retroceso de siete años y, pese a la recuperación, los niveles de 2021 son similares a los del 2018.
Los programas de pensiones no contributivos constituyen la respuesta para cerrar las brechas de seguridad económica en la vejez garantizando un piso de protección social en pensiones. En la región se registran 19 programas pensión no contributiva.
El análisis de la OIT dice que las dificultades para alcanzar los objetivos de cobertura, suficiencia y sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones se han agudizado en un contexto de postpandemia con mayores incertidumbres sobre la capacidad de retomar el crecimiento económico, menores espacios fiscales, aumento de las presiones inflacionarias e incremento del costo del crédito, entre otros.
A esto se suman factores estructurales tradicionales como la alta informalidad, que presionan a los sistemas de pensiones, disrupciones en la organización de la producción y el trabajo; el envejecimiento de la población y el incremento en las tasas de dependencia; y la incidencia de desastres naturales, entre otros.
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