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A su criterio, es necesario entender cuáles son las implicancias reales de la participación de Odebrecht en el Perú antes de iniciar una negociación con la empresa.
Sostiene que cuando se habla del monto involucrado en la corrupción todos hacen un cálculo muy elemental: “Si hay US$12,000 millones en proyectos y se ha pagado una coima de 5% (la tasa de coima que se pagaba a Petrobras variaba entre 4% y 5%) son US$600 millones. Ese es el razonamiento simple, pero el mayor perjuicio al país no viene de ahí sino de los contratos que son ternos a la medida”.
Romero recordó que un colaborador eficaz ha explicado que la representante de Odebrecht se reunía con los representantes de ProInversión para adecuar los términos de la licitación a los intereses de la empresa en perjuicio del país.
“Para determinar los montos reales del perjuicio será necesario revisar todos los contratos generados en cada proyecto”, anotó.
A modo de ejemplo, explicó que el proyecto del GSP que no cuenta con estudio de mercado ha fijado como meta de demanda 500 millones de pies cúbicos, cuando la realidad es que apenas llegará a la mitad, pero el contrato, mediante diversas fórmulas, ha establecido que se les debe pagar US$912 millones anuales haya o no gas, haya o no haya demanda. “Si se logra una demanda de 250 millones de pies cúbicos, habría un perjuicio de US$456 millones que deberemos pagar cada año”, acotó.
Información
A criterio de Romero, para poder negociar con Odebrecht es necesario entender a fondo los beneficios que consiguió a través de los contratos de cada una de las obras que hizo, pero estos contratos no son sencillos y no es fácil entender todos los detalles.
“Los fiscales deben recabar toda la información que puedan antes de sentarse con Odebrecht. Además, es necesario que la población conozca cuáles serán los términos de esa negociación, es decir qué recibirá a cambio la empresa y bajo ninguna circunstancia se les debería permitir volver a contratar con el Estado.
Cabe recordar que tanto el premier como la ministra de Justicia ya han señalado que “Odebrecht y otras no van poder participar en nuevas licitaciones siempre y cuando hayan existido sanciones por actos de corrupción o, como en este caso, en el que ellos mismos han admitido este tipo de malas prácticas”.
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