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Embajadores de países originarios de algunas de las compañías concesionarias de la red vial nacional en Perú, enviaron una carta
Los jefes de estas misiones diplomáticas, en un documento enviado el pasado 4 de junio, señalaron que la ley N° 31018 suspende el cobro durante el periodo de estado de emergencia, que por ahora no tiene una fecha certera de finalización, lo cual genera incertidumbre en los concesionarios, que sufriría un impacto financiero “incalculable”.
Advierten que los concesionarios podrían quebrar, afectando miles de puestos de trabajo y también al servicio que brindan en estas vías.
Además, refieren que la ley no toma en cuenta que el país es un destino favorito en la región para las inversiones privadas porque durante las últimas décadas se han respetado los tratados internacionales y los contratos suscritos por el Estado Peruano.
“El Perú ha logrado generar y mantener la confianza de los inversionistas privados nacionales y extranjeros no solamente por su disciplina fiscal y monetaria, sino también debido a su respeto irrestricto de las instituciones democráticas”, escriben en su misiva, dirigida al presidente del Legislativo.
Los embajadores agregan en el documento que “la inversión privada ha sido un componente vital en el crecimiento y desarrollo económico del Perú, colaborando significativamente en reducir la pobreza a niveles mínimos históricos”.
Por último, hacen mención a la demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley, hecha por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional.
“Independientemente de una eventual decisión del TC acerca de la norma, confiamos en que el Congreso, presidido por usted, queda abierto a nuestras posiciones”, subrayan.
La carta fue firmada por Ralph Jansen, embajador de Canadá; Diana Nelson, embajadora de Australia; Antoine Grassin, embajador de Francia; y María Claudia Mosquera Jaramillo, embajadora de Colombia.
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