Asamblea Nacional de Ecuador aprueba reformas para mitigar problemas de pandillas

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el sábado una reforma respaldada por el presidente Daniel Noboa para dotar al gobierno de nuevos poderes legales para enfrentar a los grupos armados y desmantelar las redes de narcotráfico que alimentan sus empresas criminales.

El proyecto de ley recibió el respaldo de 84 de los 141 legisladores presentes en la legislatura. Cuarenta y seis legisladores votaron en contra, diez se abstuvieron y uno votó en blanco.

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Noboa, de 37 años, quien comenzó un mandato completo de cuatro años el mes pasado, declaró un "conflicto armado interno" en enero de 2024 contra las bandas criminales, apenas un par de meses después de ser investido presidente por primera vez.

Desde que declaró la campaña contra las pandillas, Noboa ha emitido decretos de emergencia y desplegar tropas militares sobre el terreno junto a la policía, aumentando significativamente las fuerzas de seguridad.

También ha supervisado un aumento de las sentencias de prisión por delitos relacionados con las drogas y está buscando una colaboración más estrecha con Estados Unidos y otras naciones para compartir inteligencia y recursos.

El nuevo marco legal le da a Noboa más libertad para redirigir recursos hacia medidas de lucha contra el crimen. También tendrá la facultad de indultar a policías y militares por su conducta en operaciones de seguridad.

Los agentes bajo investigación penal también evitarán la prisión preventiva, pero estarán sujetos a evaluaciones cada seis meses, según el texto aprobado.

Las reformas también introducen penas de hasta 30 años por robo de combustible, que cuesta cientos de millones de dólares a la industria petrolera. Las autoridades afirman que este delito, junto con la minería ilegal, ha aumentado en los últimos años y es una fuente clave de financiación para las bandas criminales.

Los activos vinculados a grupos criminales pueden ser confiscados directamente por las fuerzas de seguridad, un cambio significativo que permite una confiscación más inmediata en comparación con los procesos judiciales anteriores, a menudo largos, de decomiso de activos.

Las personas que dirijan, pertenezcan o colaboren con estos grupos se enfrentarán a penas de prisión de hasta 30 años. Las reformas también incluyen incentivos económicos para los sectores afectados por la violencia.