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Una terminal de almacenamiento de YPF en Ushuaia, Argentina.
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El gobierno del presidente argentino Javier Milei impugna una orden del 30 de junio de la jueza federal de distrito Loretta Preska en Nueva York
Argentina presentó una notificación de que está apelando el fallo de un juez estadounidense que requiere que la nación sudamericana entregue su participación controladora en la empresa de energía YPF SA antes de la próxima semana para ayudar a satisfacer una sentencia de US$16.000 millones.
El gobierno del presidente argentino Javier Milei impugna una orden del 30 de junio de la jueza federal de distrito Loretta Preska en Nueva York. La jueza, que dictaminó en 2023 que Argentina debía miles de millones de dólares a los accionistas afectados por la nacionalización de YPF en 2012, determinó el mes pasado que la participación de 51% del país no estaba protegida por inmunidad soberana extranjera.
La notificación de que Argentina llevaría el caso ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos no contenía argumentos. Estos se incluirán en un escrito que se presentará posteriormente.
Preska ordenó a Argentina entregar las acciones dentro de 14 días a un grupo liderado por Burford Capital, una firma de financiación de litigios que adquirió los intereses de los accionistas originales de YPF.
El fallo supuso un duro golpe para Milei, quien heredó el caso al asumir el cargo hace unos 18 meses con la promesa de sanear la economía argentina. Los bonos soberanos argentinos y las acciones de YPF cayeron tras el fallo del 30 de junio, mientras que el tipo de cambio paralelo del país se debilitó.
Milei prometió apelar la decisión de Preska sobre YPF en una publicación del 30 de junio en X en la que también culpó a sus predecesores por manejar mal el caso.
El gobierno federal argentino posee 26% de YPF y tiene la custodia de 25% de los gobiernos provinciales. La participación combinada contemplada en la orden de Preska asciende a unos US$6.000 millones.
Preska dictaminó en 2023 que la nacionalización violaba los estatutos de YPF, que obligaban a la empresa a presentar una oferta pública de adquisición a todos los accionistas, y ordenó al gobierno pagar US$16.000 millones en concepto de compensación e intereses. Sin embargo, Burford, que recibiría la mayor parte, hasta el momento no ha tenido éxito en el cobro de la sentencia.
La jueza destacó esto en su sentencia más reciente, en la que rechazó los argumentos de Argentina de que ordenarle entregar las acciones de YPF violaría el principio de cortesía internacional: el respeto a las leyes y actos oficiales de otro país.
“Si bien la República exige que este tribunal mantenga la cortesía, al mismo tiempo se niega a hacer cualquier esfuerzo por cumplir la sentencia no suspendida del tribunal”, dijo Preska. “La cortesía no es una vía de un solo sentido”.
Su fallo contradecía la postura tanto del gobierno estadounidense como de Argentina. En noviembre, el gobierno de Biden instó a Preska a no ordenar a Argentina la entrega de las acciones, argumentando que tal fallo "violaría las leyes bien establecidas de inmunidad soberana". El gobierno estadounidense también expresó su preocupación de que tal fallo pudiera dar lugar a un trato recíproco adverso a Estados Unidos en tribunales extranjeros.
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