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Un acuerdo en el litigio permitiría al nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, acceder al mercado de bonos globales y reactivar la economía sin imponer el tipo de ajuste fuerte que erosionó el poder de otros gobiernos en el pasado, incluso causando su salida antes de término. La anterior mandataria, Cristina Fernández, se había rehusado a negociar con los fondos de cobertura que litigan contra el país por sus bonos incumplidos.
El juez estadounidense encargado del caso insinuó el viernes su voluntad de levantar unas órdenes que había colocado para impedir pagos de la deuda, si el Congreso argentino deroga dos leyes específicas.
Una de ellas permite que el pago de los bonos sea procesado en Buenos Aires en lugar de Estados Unidos, y la otra prohibe que el gobierno ofrezca mejores términos que los que fueron incluidos en las reestructuraciones de deuda del 2005 y el 2010.
Los fondos han estado en negociaciones con la administración de Macri en semanas recientes en Nueva York para resolver la disputa, que ya lleva años.
“Creemos que vamos a tener el número para lograrlo”, dijo Nicolás Massot, uno de los líderes del partido PRO de Macri en la Cámara de Diputados.
Los analistas coincidieron con que Macri probablemente conseguirá los votos necesarios en el parlamento, apelando a los miembros moderados de la oposición peronista, que quedó sin un líder claro desde que Fernández concluyó su mandato en diciembre.
Se prevé que los gobernadores provinciales cabildeen en el Senado para derogar las dos leyes a fin de mejorar las finanzas de sus propios distritos.
“Las peleas de facciones dentro del peronismo y la situación financiera crítica de las provincias deberían ayudar a que Macri consiga la derogación de ambas leyes en el Congreso”, dijo Ignacio Labaqui, consultor de Medley Global Advisors en Nueva York.
El país quedó fuera del mercado global de bonos desde que incumplió pagos de su deuda soberana en 2002. 93% de los acreedores aceptaron alrededor de 30 centavos por dólar en las reestructuraciones del 2005 y el 2010. Pero un grupo de fondos “holdouts” acudieron a la justicia para reclamar el pago completo. En 2014 convencieron a un juez federal estadounidense para que prohibiera el pago de los bonos reestructurados hasta que se alcanzara un acuerdo.
El juez del caso dijo el viernes que serviría al interés público levantar esa orden, siempre que Argentina derogara las dos leyes y pagara a los acreedores que aceptaron un primer acuerdo al 29 de febrero.
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