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Ante la desaceleración económica a mediados de 2011, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha preparado un gran paquete de medidas económicas que tendrán como prioridad atraer la inversión privada, modernizar la infraestructura del país y restablecer su buen panorama de crecimiento.
Entre las principales decisiones que ha tomado el gobierno brasileño están las concesiones para operar autopistas y vías de ferrocarril por US$66.000 millones, acceso a la gestión privada en los principales aeropuertos y puertos de Brasil por US$14.000 millones, reducción del 10% en costos de energía y otros recortes tributarios que podrían estimular el consumo y la inversión a largo plazo en el país.
Los analistas sostienen que la sexta mayor economía emergente del mundo ha tomado una buena decisión al invertir en su colapsada infraestructura, y así poder entrar a la liga de las naciones desarrolladas del planeta.
Luis Carlos Guzmán, director del departamento de Economía de la Universidad Central, afirma que esta política fiscal es un aliciente para Brasil, pues la infraestructura mejorará la situación de bastantes sectores económicos y también le inyectaría oxígeno a una economía que, según informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) crecería este año un 2% menos, después del freno econó mico del año pasado.
“Toda acción económica no tiene respuesta inmediata. En políticas monetarias, sus efectos surgen casi 6 meses después. Pero en políticas fiscales como infraestructura, sus efectos son más lentos por los procesos de licitación que demoran, incluso, tres veces más que una política monetaria”, aseguró Guzmán.
“Las nuevas medidas de choque en reestructuración de la economía provienen de los coletazos que genera la crisis mundial actual. Estas medidas, bastante ‘keynesianas’, sólo podrían dar una recuperación de largo plazo”, agregó el analista económico, Diego Andrés Guevara Fletcher.
“Sin duda, los resultados de estos gastos públicos se verán en un poco más de un año. Casi finales de 2013. La inversión en infraestructura tendrá que estar a la altura para la licitación de aeropuertos y escenarios deportivos para el Mundial 2014 y Olímpicos 2016”, pronosticó Guzmán en diálogo con LR.
Sin embargo, esta decisión no agrada a los empleados estatales de Brasil. Los funcionarios se han enfrentado con la administración de Dilma Rousseff, al considerar que no se les ha dado prioridad a sus salarios y que quedaron relegados en sus reclamos ante el freno de la economía.
Es por eso que ya se suman 350.000 empleados públicos en huelga por demandas salariales y otras reivindicaciones en las universidades estatales, ministerios, agencias reguladoras de medios de comunicación, de salud y empresas como Electrobras.
Aún así, el gobierno dijo en la reunión bianual de empresarios de Brasilia, que ese sector laboral ya fue beneficiado con aumentos durante la administración de Luiz Inácio Lula da Silva y que ahora, ante la crisis económica, es necesario impulsar la producción y el consumo para estimular el crecimiento del PIB.
La opinión
Luis Carlos Guzmán
Director del departamento de Economía de la Universidad Central
“Esta política fiscal es un aliciente, pues la infraestructura mejorará bastantes sectores económicos y tendrá un buen efecto para el Mundial, en 2014 y los Olímpicos, en 2016”.
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