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El Presidente quiere que el Congreso le dé un trámite exprés a esa ley que otorga al Ejecutivo amplios poderes para reasignar partidas y modificar alícuotas. Estuvo vigente de 2002 a diciembre 2017, cuando Macri decidió no prorrogarla
El presidente Alberto Fernández convocó anoche al Congreso a sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre, con el fin de avanzar en el tratamiento y sanción de iniciativas sobre emergencia económica, sanitaria y social.
En los puntos del decreto de convocatoria enviado al Parlamento figuran el debate sobre los proyectos de "ley de solidaridad social y reactivación productiva", que englobaría los contenidos de las herramientas que el Gobierno promueve para iniciar su gestión, una norma clave a la que pretende además darle trámite exprés.
El Ejecutivo confía en poder cerrar la semana próxima con la ley aprobada, por eso el próximo lunes al mediodía los ministros del área irán al Congreso a reunirse con los jefes de los bloques parlamentarios para explicarla letra chica del proyecto.
En la oposición de Cambiemos ya dejaron asomarlas primeras resistencias que tienen que ver con lo que ellos creen será ceder poder de fuego legislativo y opositor, delegando “superpoderes” a la Casa Rosada.
El jefe de gabinete, Santiago Caero, precisó que “se trata de una ley marco donde se propone generar derivaciones de partidas, algún marco para cuestiones impositivas y fiscales”, pero no dio más precisiones.
Básicamente, la emergencia económica otorga facultades al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias y modificar alicuotas de impuestos, el punto más ríspido de la cuestión, ya que se especula que el Gobierno podría aplicar un aumento en las retenciones a las exportaciones y a los bienes personales, entre otros impuestos.
Es decir, un gobierno “en emergencia” puede resolver cuestiones urgentes apelando al instrumento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) o decisiones administrativas.
De qué se trata la emergencia
La Ley de Emergencia Económica fue votada por primera vez en enero de 2002, tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y en medio de una crisis económica y social sin precedentes en el país.
La norma fue utilizada durante los gobiernos de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y los dos mandatos de Cristina Fernández Kirchner, pero también durante parte de la presidencia de Mauricio Macri, quien a fines de 2017 decidió no prorrogarla por considerar que el país ya había logrado superar esa situación.
Poco tiempo después, claro, Macri debió apelar de urgencia a un mega crédito del FMI por US$57.000 millones y terminó su mandato días atrás dejando al país -según palabras de su sucesor- en virtual default.
En total, la ley recibió 10 prórrogas consecutivas a lo largo de últimos años: de 2004 a 2009 se prorrogó cada año sin excepción, pero a partir de entonces, su vigencia comenzó a extenderse por dos años (se la prorrogó luego en 2011, 2013 y 2015). El 31 de diciembre de 2017, Macri decidió cortar su continuidad.
La norma que, en rigor, llevaba el título de “ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario” declaraba en su artículo 1° el estado de “emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria”, y delegaba en el Poder Ejecutivo Nacional una serie de facultades extraordinarias, entre ellas:
Según el artículo 76 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, se “prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.
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