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Superfinanciera condenó a Alianza Fiduciaria con reembolsos en caso Torres del Cielo

martes, 24 de febrero de 2026

Superintendencia Financiera

Foto: Superfinanciera

La decisión se gestó desde la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superfinanciera, donde declaró responsable a Alianza Fiduciaria por negligencia grave en materia de estructuración

Se trata de un giro importante en el desarrollo del caso Torres del Cielo, un proyecto inmobiliario que, ante problemas con los inversionistas en sus viviendas, ahora ve la condena de la Superintendencia Financiera hacia Alianza Fiduciaria con rembolsos por $8.000 millones.

Esta decisión se gestó desde la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superfinanciera, donde declaró responsable a Alianza Fiduciaria por negligencia grave en materia de estructuración y manejo de patrimonio autónomo del proyecto, condenando a la devolución de los mencionados recursos a las familias afectadas en Barranquilla.

La sentencia determinó que la fiduciaria omitió obligaciones esenciales, donde se detalló que esta no realizó una evaluación adecuada del proyecto, tampoco realizó una debida evaluación de riesgos, ni verificó la solvencia y experiencia del constructor. La condena sería una de las más altas proferidas contra una sociedad fiduciaria.

La condena se emitió el pasado 22 de febrero en primera instancia. La anterior reconoció el incumplimiento contractual, legal y profesional por parte de la fiduciaria, lo que argumenta la medida de devolución a los demandantes.

Esta coyuntura representaría un giro importante en el sector, pues establece que la fiduciaria no puede limitarse a un papel administrativo sino que contempla obligaciones de análisis, control y hasta protección de los recursos invertidos en los proyectos.

El proyecto de Torres del Cielo se ubica en el barrio Villa Santos, esta estructura de carácter inmobiliario prometía lujo en sus viviendas, campo de golf, teatro y otras amenidades que hoy en día solo atraviesan abandono. Cada apartamento tenía un valor entre $400 y $600 millones.

La estructura permanece en pausa con decenas de espacios sin acabar y afectando hasta 80 familias inversionistas del proyecto. Cabe resaltar que varios recursos comprometidos en esta obra provenían de pensiones, entregados bajo presunta promesa.

El abogado de las familias afectadas que se encuentra liderando el proceso es Juan Carlos Orejuela Cortés, este adoptó una postura optimista en materia de la inflexión que representa el caso en protección del consumidor.

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