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Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria
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Este decreto no contempla que el efectivo no tiene retención de ninguna clase, lo que generaría que los colombianos sigan prefiriendo este medio
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, expresó su preocupación frente a un nuevo proyecto de decreto del Gobierno Nacional que busca ampliar los medios de pago sujetos a retención en la fuente sobre el impuesto de renta e IVA.
"Ante el anuncio del Ministerio de Hacienda de aplicar una retención de 1,5% a los pagos digitales en comercios, Asobancaria advierte que esta medida podría frenar la masificación de medios de pago digitales, afectar el desarrollo de Bre-b, gran apuesta del país para reducir el efectivo, y generar un retroceso en inclusión y formalización económica", dijo Jonathan Malagón, presidente del gremio.
Actualmente, dicha retención aplica únicamente para pagos realizados con tarjetas de crédito o débito. Sin embargo, la propuesta pretende extenderla a todas las transacciones efectuadas por medio de instrumentos de pago electrónico en comercios, lo que, según Asobancaria, podría desincentivar el uso de los canales digitales y fomentar el retorno al efectivo.
“Asobancaria considera que esta medida, aunque busca nivelar la cancha entre los diferentes medios de pago, ignora que el efectivo no está sujeto a retención alguna. Esto llevaría a que muchos colombianos continúen prefiriendo el dinero físico, aumentando la informalidad y reduciendo el recaudo que se pretende fortalecer”, señaló la asociación en un comunicado.
El gremio advirtió, además, que la medida tendría un impacto negativo sobre el sistema de pagos inmediatos Bre-B, una iniciativa del Banco de la República y las entidades financieras que busca consolidar la digitalización de los pagos y reducir el uso del efectivo en el país.
De acuerdo con la propuesta, los pagos digitales realizados en comercios estarían sujetos a una retención del 1,5%, lo que Asobancaria considera una medida “contraria a los esfuerzos de inclusión financiera, modernización del sistema de pagos y formalización económica” impulsados durante la última década.
El sector financiero hizo un llamado al Gobierno para revisar el alcance del decreto y no poner en riesgo los avances que Colombia ha logrado en materia de bancarización y digitalización de sus servicios financieros.
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