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Cerca de 45% del presupuesto de la Nación se destina a subsidios, mientras que 74% de estos en materia pensional va a los más ricos
Hoy se llevó a cabo ante la Corte Constitucional una audiencia pública virtual sobre el traslado de un fondo privado de pensión a Colpensiones. Dicha sesión giró sobre cuatro ejes temáticos que buscaban exponer las razones que llevaron a establecer un límite de tiempo a la hora de realizar un traslado entre regímenes, así como su impacto fiscal y las herramientas de información empleadas para los afiliados.
En medio de su intervención, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que cerca de 45% del presupuesto de la Nación se destina a subsidios; sin embargo, estos no se encuentran focalizados adecuadamente, toda vez que 74% de estos en materia pensional se los están llevando los más ricos del país.
"Esta cobertura esta empeorando la distribución del ingreso en Colombia, lo cual ha puesto en evidencia que los subsidios pensionales aumentan la brecha e inequidad en los regímenes vigentes. El coeficiente de Gini, usado para medir el nivel de inequidad en un país, tiende a dispararse cuando dichos montos entran en el panorama", destacó Restrepo.
Durante la audiencia se expuso el largo camino que ha recorrido el sistema desde la Ley 100 del 1993, cuando los trabajadores hacían el cambio cada tres años, para luego, mediante el decreto 692 del 94 surtir cambios enfocados en la aceptación de condiciones del régimen elegido, sumado la posibilidad de selección del sistema de forma libre y espontanea.
En 1994 el decreto 1161 se permitió que los ciudadanos tuvieron un tiempo de cinco días para retractarse durante los cinco días siguiente de haber tomado la decisión. Más tarde, con la ley 797 de 2003 se aumentó a cinco años el tiempo en el que cada trabajador podía escoger un régimen.
Paralelamente, se determinó que el último momento para cambiarse de sistema pensional es cuando hagan falta 10 años para cumplir edad de jubilación. Justamente, son los casos que exceden este tiempo los que suelen acudir a instancias judiciales.
"Es importante decir que esto incentiva la responsabilidad individual y social de cada uno de los afiliados, especialmente por que no vemos responsabilidad del Estado por omisiones del ciudadano en su deber de informarse”, señaló el ministro de la cartear económica.
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