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FINANZAS Jugadas jurídicas hacen tambalear a la Superfinanciera
miércoles, 5 de junio de 2013
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María Carolina Ramírez Bonilla

Vuelve y juega la llamada puerta giratoria entre los funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia y la firma comisionista en liquidación Interbolsa. Según manifestaron fuentes cercanas al proceso, el conflicto de intereses que se tenía entre estas dos entidades parece ser la causa de que el superfinanciero y cinco funcionarios más estén pasando por un proceso con el cual podrían perder su trabajo.

Por un lado, el representante a la Cámara Simón Gaviria, quien en los dos debates de control político había puesto en evidencia los vínculos entre trabajadores de las entidades, afirmó en entrevista radial, que “tenemos información que a Herrera le llegan 126 alertas de Interbolsa, desde febrero de 2012, que habla de manipulación de acciones, pero este señor toma la decisión de tomar ese documento y no lo entregarlo al Superfinanciero y a el ministro de Hacienda, el documento fue entregado por el Autorregulador del Mercado (…) hay que decir que Herrera viene de trabajar para Interbolsa y eso lo hace más sospechoso porque no se declaró impedido”.

Gaviria se refiería al superintendente Delegado para la Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad, Diego Mauricio Herrera Falla, quien, según el representante a la Cámara, sería pieza clave para descubrir la red que operaba en Interbolsa.

Herrera precisamente es una de las personas a las que la Procuraduría le imputó cargos, entre los cuales aparece el vínculo con la firma quebrada. Según el comunicado del ente de vigilancia, el superintendente delegado, podría ver comprometida su responsabilidad porque una vez que el 23 de febrero de 2012 conoció certeramente los vínculos que presentaba Interbolsa S.A. comisionista de bolsa con la investigación que adelantaba su despacho por la posible manipulación de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, Rnve, no se declaró impedido, a pesar de existir la obligación de hacerlo, puesto que para él concurría un impedimento en razón a que:

“Laboró durante el mes de mayo del 2006 y hasta el mes de abril del 2008, como coordinador de control y gestión de riesgo y director de control, de la comisionista de bolsa Interbolsa S.A., conociendo de primera mano “absolutamente” todos los negocios de la misma como responsable de la medición, control y gestión de riesgos.

Además, durante el tiempo laborado en la comisionista de bolsa Interbolsa S.A., “estableció en el ámbito profesional y personal relaciones de amistad con funcionarios y personas que ocupan cargos directivos y de representación legal de la misma”, dijo el procurador Alejandro Ordónez.

La situación se pone más tensa cuando también se plantea que el conocimiento de las actividades irregulares de la comisionistas sobre el manejo de las acciones de Fabricato y de la Bolsa Mercantil de Colombia, data de años atrás y no como se creía de 2012.

¿Cuál es el proceso a seguir?
Según el profesor de derecho penal del Politécnico Grancolombiano Fernando Aza, “este es un proceso de carácter disciplinario. El procurador con el poder preferente que le da la Constitución de 1991, investiga y pone una sanción. Una vez se investiga se formula pliego de cargos, los afectados hacen uso de su derecho a la defensa, pero la procuraduría deberá investigar dichas pruebas y decidir si se incurrió o no en la falta disciplinaria”.

La sanciones puede ir desde una amonestación verbal hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos, pasando por sanciones monetarias. Según el académico, los delitos que se les están imputando, de comprobarse la culpabilidad, serían merecedoras de la destitución e inhabilidad de cargos.

Ahora, lo que deben hacer los superintendentes delegados es conseguir las pruebas que demuestren lo contrario de lo que se les imputa. Así, a través de testimonios, documentos, entre otras medidas se podrá defender la gestión de los funcionarios, sin embargo el procurador tiene la posibilidad de definir si decreta o no estas pruebas y una vez decretadas las practica y toma la decisión acorde a lo que considere conveniente.

Para el abogado Julio José Orozco, de Orozco & Orozco Abogados “el pliego de cargos proferido por la Procuraduría tumba al superintendente financiero, pues es inconcebible que ante semejante asomo de falta de diligencia, la que ha calificado como grave, lo quiera hacer desde su cargo”. El jurista asegura que este hecho es una falta grave que pone en evidencia problemas con la autoridad de control y vigilancia lo cual no es muy recomendable en estos momentos.

Para algunos expertos en el sector bursátil, que no quisieron revelar sus nombres, resulta contradictorio que en este momentos cuando se está velando por un mercado de capitales más profesional y con mayores emisoress se presenten estas situaciones, pues lo que hace es generar una pérdida de confianza.

¿De qué los acusan?
Son dos delitos principales los que presuntamente se cometieron. Por un lado, está el no adoptó, al parecer, las medidas preventivas correspondientes en cumplimiento a lo ordenado en el literal c), del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, que dicta: “suspender preventivamente cuando hubiere temor fundado de que se pueda causar daño a los inversionistas o al mercado de valores, una oferta pública en cualquiera de sus modalidades; la negociación de determinado valor, la inscripción de valores, o de los emisores de los mismos en el Registro Nacional de Valores y Emisores”.

El segundo cargo es el de no denunciar o retardar la denuncia de operaciones sospechosas con las acciones de Fabricato y la Bolsa Mercantil de Colombia. De esta manera, jugadas jurídicas tendrán que ponerse en práctica para defender a la Superintendencia Financiera de un nuevo escándalo.

Los impedidos en el caso de Interbolsa
Para el presidente del partido Liberal, Simón Gaviria, los impedidos en el caso de Interbolsa eran un gran número de funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la Superfinanciera. Entre los que nombra está el ex ministro Juan Carlos Echeverry de quien dice firmó decretos que favorecieron a las comisionistas pero en general a Interbolsa. Luego del pasado debate la atención se prestó en el lavado de activos pero ahora con la decisión de la Procuraduría se vuelve a tomar el tema de la responsabilidad de las autoridades.

Las opiniones

Fernando Aza
Profesor de derecho penal Politécnico Grancolombiano

“Hay amonestaciones hasta inhabilidades para ejercer cargos públicos, dependiendo de las faltas se establecen las sanciones para las que imputó sería destitución e inhabilidad”.

Julio José Orozco
Abogado penalista

“El pliego de cargos proferido por la Procuraduría tumba al superintendente financiero, pues es inconcebible ante semejante asomo de falta de diligencia”.

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