¿Ir a la oficina o hacer transacciones por internet?

Aunque Colombia ha mostrado un importante avance en sus transacciones virtuales, este tipo de operaciones todavía no logra una amplia participación pues solo se registró un monto de $734.428 millones en transacciones monetarias a junio de 2012 frente a los $1,4 billones de las operaciones realizadas en oficinas. Este hecho demuestra que todavía hay un claro problema de confianza.

En este punto surge una contradicción, ¿será más seguro estar expuesto a ser víctima del fleteo o transar a través de las sucursales virtuales que proveen los bancos? La respuesta no es sencilla, más en una cultura donde el sello de la entidad financiera es el comprobante más fiel que tienen las personas sobre las operaciones que realizan.

Es por esto que, el Gobierno Nacional se ha encargado de proporcionar un conjunto de herramientas que le brinden a los usuarios la máxima seguridad al momento de efectuar operaciones de compra y venta en la red. Un objetivo al que se suma el Proyecto de Ley 149 de 2012 -que actualmente cursa en la Cámara de Representantes- dentro del que se exponen mecanismos de autenticación robustos que garanticen total seguridad a través de la identificación del autor del mensaje de datos que genera una reducción de los riesgos de suplantación en el tratamiento de la información electrónica.

El mecanismo señalado hace especial referencia a un doble factor de autenticación, pues si bien en la vía tradicional el usuario financiero solo requiere de una tarjeta y una clave, ahora deberá contar con un token que genere una OTP (One Time Password). Según la norma, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deberán proveer a los clientes y usuarios los mecanismos que permitan garantizar los atributos de seguridad descritos anteriormente. Así las cosas, es probable que con la puesta en marcha del proyecto, los bancos entreguen por primera vez a sus clientes este tipo de dispositivo antes del segundo semestre de 2013, como se viene realizando en México desde 2010.

Con esta herramienta habría una mayor integridad, confidencialidad y disponibilidad de las operaciones electrónicas, con la finalidad de mitigar, controlar o suprimir la alteración de mensajes de datos, acceso indebido a la información y mal manejo de conservación en la información electrónica. Esto le permitirá al usuario operar desde cualquier lugar del mundo y a bajos costos de transacción, pues varias entidades no cobran por este servicio, gracias a la petición que realizó el saliente ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y la Superintendencia Financiera.

Siendo así , en el momento en que entre en rigor la reglamentación, el desarrollo de productos financieros a través de canales o medios electrónicos, como la banca a través de portales de internet, cajeros electrónicos, servicios de acceso remoto a sistemas de información, banca móvil, banca telefónica entre otros, serán mucho más seguros. Lo que impulsará al resto de la población no bancarizada (actualmente es menos de 34%) a ingresar al sistema financiero, pues según los analistas, en ese sector existen clientes potenciales en ahorro, que hoy en día en vez de hacerlo en los bancos, lo hacen debajo del colchón.