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Así lo ordenó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en el proceso que sigue la Fiscalía, luego de determinar que el juzgado 64 vulneró los derechos del Fondo al no haberle permitido al abogado Jaime Granados apelar la decisión que le negaba la participación en el caso.
“En el anterior marco fáctico, normativo y jurisprudencial se constata que al excluir al abogado Jaime Granados , sin reconocerle personería jurídica para actuar en calidad de apoderado de las víctimas… la Jueza 64 Penal Municipal de Garantías de Bogotá incurrió en un defecto procedimental, que hace viable y próspera la presente acción de tutela”, dice el fallo.
Uno de los temas más álgidos del caso Interbolsa es el relacionado con el fondo Premium Capital, el cual fue utilizado de manera irregular por sus administradores para beneficiar empresas que hacían parte de los fundadores y dejando de cumplir el objetivo del instrumento financiero.
Después de que estalló el escándalo de Interbolsa, el fondo Premium salió a relucir pues este había invertido en repos sobre acciones de Fabricato e Interbolsa. Además, se conoció que se habían realizado préstamos a terceros que no habían sido autorizados por los clientes del fondo.
Granados, representante de los 1.260 clientes del Fondo Premium Capital, interpuso una denuncia penal contra Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado. En la acción, el abogado demanda a las personas citadas por seis delitos.
Aunque en agosto, la juez 6 penal del circuito rechazó la tutela interpuesta Granados, donde se solicitaba que se reconociera a la entidad como víctima del grupo Interbolsa, la decisión de que este fondo si figurará como víctima la tomaron ayer los magistrados Fernando Bolaños Palacios, Luis Enrique Bustos y Juan Carlos Arias.
En relación con este caso, Alejandro Revollo Rueda, interventor delegado por la Superintendencia de Sociedades, dijo que “el balance de intervención se encuentra en un buen momento, pues hasta ahora, se ha intervenido 46 personas”.
En total son cerca de 1.200 personas a las que se les debe, según lo referenciado en el último balance financiero, US$70 millones. Revollo afirmó que el grupo de personas intervenidas, entre las que se encuentran Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, se ha manifestado y colaborado con la información, situación que es favorable para esta crisis financiera.
Otro de los puntos que resalta el interventor es que la colaboración que se ha prestado a la Fiscalía General de la Nación es destacable. “La Fiscalía ha solicitado una serie de información, que el proceso sea lo más transparente posible a pesar de que no se tiene el valor exacto de cuánto se le debe a los inversionistas ya que este depende de los reclamos para poder reconocer el monto”, dijo Revollo.
Las cuentas que sí se tienen hasta ahora es que en recursos líquidos en Colombia hay aproximadamente $9.000 millones los cuales corresponden a dinero que se puede recuperar y lo que se tiene caja. Este monto se suma con los activos que se tienen en el exterior, que es cerca de $27.000 millones, dinero que se tendría en cuenta para un plan de pago que estaría resulto en los próximos días.
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