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Hay casos en 11 países por los prestamistas
Cuando la Fiscalía empezó a buscar a Gustavo García, de 27 años, después de un mes de estar desaparecido, no descartó ninguna hipótesis. A pesar de que Camila Beltrán, su esposa, había dicho en varias ocasiones que no creía que lo habían matado o robado, las autoridades recordaron que el hecho de dedicarse a los préstamos ‘gota a gota’ era una pista clave en su búsqueda. Esto, porque la información para indagar sobre la red de personas que practicaban este delito era escasa y hacían más difícil el operativo, a pesar de que la moto y el celular de García ya habían aparecido abandonados.
Si bien este caso real podría relatar alguna situación en algún municipio de Cauca, Antioquia, o el Tolima, por mencionar algunos lugares, su epicentro fue Montevideo, Uruguay, a donde a mediados de 2018 había arribado la pareja de colombianos para trabajar como prestamistas ilegales, sobre todo, a pequeños comerciantes. Lo hicieron impulsados por un compatriota, porque ese país era más seguro que Brasil y los clientes eran ‘buena paga’, reseñó en octubre pasado el diario El Observador de ese país.
Así como el aguacate hass, el banano e incluso los futbolistas se han convertido en algunos de los productos de exportación colombianos que han saltado a la vista del mundo en los últimos años, sumados a bienes tradicionales como el petróleo, el café y las flores, en los últimos años ha irrumpido con fuerza la exportación hacia, por lo menos, 11 países de América Latina de una práctica ilegal que es controlada por colombianos que prestan dinero a tasas de interés superiores hasta en cinco veces el monto solicitado. Además, amenazan con ‘cobradiarios’ motorizados y extorsionan a quienes reciben el dinero. Este delito es el ‘gota a gota’.
Este nombre se ha popularizado en la mayoría de latitudes latinoamericanas dado que los cabecillas de estas redes criminales son colombianos que han expandido esta práctica que, de acuerdo con instituciones judiciales de cada país, está estrechamente ligada al narcotráfico y al lavado de dinero, que encabezan bandas como la ‘Oficina de Envigado’, ‘Los Triana’, ‘Los Rastrojo’ y ‘ El Clan Úsuga’, entre otros.
Los prestamistas locales han procurado que su ‘modus operandi’ sea el mismo en todos los países. Los grupos de ‘prestadiario’ reclutan en Colombia a jóvenes que quieran alimentar la red en otros países y en vuelos comerciales llegan a sus destinos, en ocasiones, con el aval de autoridades corruptas de migración. Allí montan empresas fachada y ofrecen a personas de escasos recursos no bancarizadas montos de dinero bajos a intereses altos que se deben pagar al día y que se entregan al instante a cambio de una sola firma. Un pacto con un demonio que puede hacerlos perder la vida.
Entre los países en los que se han detectado estas redes está Honduras, en donde se estima que las bandas de prestamistas arribaron en 2015. Allí, de acuerdo con informes revelados por La Prensa, en 2017 una banda compuesta por al menos 20 colombianos prestaba dinero a pequeños comerciantes a tasas de interés cercanas a 60%. Estos entregaban la plata sin pedir garantías, con direcciones fantasma, montaban estructuras en las que reclutaban mujeres locales para cobrar los pagos diarios a personas que no tenían acceso a la banca formal, como taxistas, dueños de salones de belleza y vendedores ambulantes.
El medio reveló que la red y su dinero estaban ligados a actividades ilícitas de ‘Los Rastrojos’. Además, La Prensa también dio cuenta de que, en medio de la diversificación del negocio, los ‘gota a gota’ daban dinero a comerciantes incautos a los que se les vendían tierras que ya tenían dueño y si no pagaban eran extorsionados.
En México, como canal para lavar dinero, los prestamistas entraron a las calles de la capital apalancados en vendedores informales que tenían que pagar durante 20 días pequeñas cuotas con tasas de 20%. Práctica que nutría en 2017 un negocio de cerca de US$5 millones a la semana, y que de acuerdo con una investigación del programa En Punto de Televisa, se apoya en la gestión de 1.500 colombianos que desde 2015 se han ido expandiendo por 22 estados del centro y el sur del país ‘manito’. Allí, las víctimas sufrían secuestros, robos e intimidaciones como también pasa en Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia.
En este último país, hace 10 meses, la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen de la Policía capturó a 11 integrantes de una banda de ‘gota a gota’ colombianos que le enseñaban la actividad a los bolivianos, la cual operaba desde la ciudad de Santa Cruz.
El portal www.bolivia.com relató que las autoridades encontraron que el dinero prestado provenía de actividades ilícitas y cuando había incumplimiento en los pagos había amenazas. Tras los allanamientos, se calcula que hubo al menos 250 víctimas por el delito de usura a las que se había accedido, presuntamente, a través de celulares con aplicaciones de mensajería y con tarjetas en las que se ofrecían préstamos, tal y como ha pasado en otras latitudes.
En Argentina también se han presentado estos casos. En septiembre del año pasado, el portal gaucho Infobae tituló un informe como ‘Gota a gota’, la modalidad mafiosa importada de Colombia que llegó a Buenos Aires’. En él, contó cómo la Policía de la ciudad detuvo a tres personas que se dedicaban al sistema de préstamos de dinero a tasas exageradas con montos en efectivo de más de US$2.600.
Dos colombianos fueron imputados por delitos como amenazas, acciones coactivas e infracción a la Ley Penal Tributaria, y según el medio, la Policía dijo que era “la primera vez que se detectaba un caso de estas características en territorio porteño”.
Pero se presume que, tal y como pasa en Colombia y en el resto de ciudades latinoamericanas, el desconocimiento de las autoridades pasa por la falta de denuncias y el miedo a represalias de parte de las víctimas, las cuales podrían ascender a un número de 100.000 personas en todo el continente, teniendo en cuenta que se estima que solo en Colombia este delito puede mover $2.500 millones cada día.
Por ese motivo, las autoridades, como el Gaula de la Policía, han dicho lo importante de denunciar, pues según Infobae, en Argentina, una mujer que recibió la oferta a través de WhatsApp acusó que los prestamistas la habían amenazado de muerte tras haber refinanciado su deuda tras un impago.
“En la región hay un problema de informalidad y educación, pues la gente que pide esos créditos no entiende que es una tasa de interés”.
“Los principales afectados son los microempresarios, quienes tienen que pagar tasas de interés que dejan casi en cero sus esfuerzos productivos”.
Según reportó la Dijín de la Policía Nacional en 2018, una banda de 60 colombianos expandió sus tentáculos a países como Venezuela, de donde salieron tras el recrudecimiento de la situación económica, y también a Perú, Brasil y Guatemala.
La BBC señaló que, incluso, en el país inca, el Ministerio del Interior creó la campaña #NoPrestesTuVida para alertar de que en 97 ciudades los colombianos azotaban a los residentes con el ‘gota a gota’. El mismo reporte anotaba que en Chile, los cobradores, al igual que el desaparecido García en Uruguay, pedían intereses de hasta 40% a comerciantes.
Problema regional de educación y de ahorro
Para los expertos, la economía informal y la falta de educación financiera, que son comunes denominadores en América Latina, han sido factores clave para que los prestamistas puedan montar sus estructuras delictivas. Sin embargo, a estas características también se les suma la falta de ahorro y de incentivos que hay para tal práctica. Según Felaban, la mayoría de los latinoamericanos no tenían ninguna forma para guardar su dinero, y en pocos países la vía formal de ahorro superaba 30% de la población (ver gráfico).
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