El desafío pensional para el segundo periodo

Desde una perspectiva macro, la reforma debe enfocarse en incrementar la cobertura, garantizar la equidad y propiciar la sostenibilidad financiera en el largo plazo.    Un país en el que solo 25% de la población económicamente activa cotiza para pensión y, en el que de ese porcentaje, solo 30% podría efectivamente acceder a ella, tiene un problema de gran dimensión.

Es irresponsable pensar que hay tiempo para resolverlo. Nos estamos gastando el bono demográfico que aún tenemos sin lograr un consenso para que Colombia no enfrente los problemas que aquejan a varias economías desarrolladas, cuyos onerosos esquemas pensionales  requieren ingentes recursos fiscales, con el impacto que esto tiene en las nuevas generaciones.

Es imperativo corregir los perversos subsidios que tiene el sistema de reparto que administra Colpensiones, que benefician a los colombianos de mayores ingresos, cuando si algún apoyo debería existir sería para los de ingresos bajos. Se requiere una reforma que sea fiscalmente sostenible.  El gran desafío que tenemos es decidir de qué forma vamos a financiar las pensiones, en qué parte con contribución de impuestos y qué tanto con la formación de capitales individuales.  

Como sociedad tenemos que llegar a un acuerdo.

En el frente del sistema privado de pensiones, que se creó hace 20 años, también hay correctivos importantes por hacer, que surgen de problemas regulatorios que han generado una altísima concentración del mercado de  Fondos Privados de Pensiones, de los seguros previsionales y de las rentas vitalicias. Hoy en día más del 80% de los fondos obligatorios de pensiones son administrados por dos grupos financieros locales. Será difícil revertir esta situación en el corto plazo y el gobierno tiene un gran desafío para ejercer su función de vigilancia y control.  

Las dos fallas más protuberantes son la indexación de las pensiones de salario mínimo al incremento del mismo y el tope del 3% para distribuir entre el costo de los seguros previsionales y los cargos por administración del Fondo.  No hay interés por parte de inversionistas diferentes a los existentes de ingresar o permanecer en este mercado. El problema más delicado es que para el buen funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es fundamental que los Fondos de Pensiones cuenten con el complemento del sector asegurador para la cobertura de los riesgos de muerte e invalidez en la etapa activa del trabajador y para la expedición de la modalidad de pensión de renta vitalicia.  

Ni el seguro previsional ni las rentas vitalicias están operando de forma adecuada. De hecho hay una fuerte restricción en la oferta de estos seguros, dado el riesgo que comporta asumir el impacto que tiene en las pensiones de salario mínimo el incremento de éste por encima de la inflación. Cada vez que esto sucede, las aseguradoras tienen que ajustar sus reservas contra sus propios recursos.  

Sin la cobertura de los aseguradores no será viable el funcionamiento de los Fondos de Pensiones. Este es un hecho de enorme gravedad que está pasando desapercibido para la opinión pública. Dado que no tiene viabilidad política desligar la pensión mínima del salario mínimo, se requiere que el gobierno cubra el impacto que tiene en las reservas del asegurador el desfase entre el salario mínimo y la inflación.

En definitiva, centrar la discusión de las pensiones en la edad de jubilación no es suficiente. Hay factores estructurales que impiden que el modelo actual sea viable. Es necesario formalizar el mercado laboral, estimular la competencia en el mercado de los fondos de pensiones y de los seguros y generar estabilidad jurídica.