Decreto de traslados podría restar $15 billones al ahorro del fondo pensional en 2030

Un borrador de decreto publicado recientemente por el Ministerio de Trabajo podría modificar de forma significativa el manejo de los recursos pensionales en el país. La propuesta plantea nuevas reglas para el traslado de afiliados desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, Raris, administrado por los fondos privados, hacia el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

El documento establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, deberán transferir la totalidad de los saldos acumulados de los afiliados que ejercieron la oportunidad de traslado en un plazo máximo de 15 días hábiles, independientemente de si ya consolidaron o no su derecho pensional. En la práctica, la medida implicaría el movimiento inmediato de cerca de $25 billones hacia Colpensiones.

Aunque el objetivo de la iniciativa es alinear la administración de los recursos con el régimen que asume el riesgo pensional, el cambio podría tener implicaciones relevantes para el funcionamiento del nuevo sistema. Uno de los principales efectos sería sobre el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, Fapc, creado en la reforma pensional para acumular recursos que permitan financiar las obligaciones futuras del sistema.

De acuerdo con el diseño original de la reforma, los recursos provenientes de los traslados debían mantenerse invertidos durante varios años para fortalecer el Fapc y generar rendimientos antes de que comenzara la etapa de desacumulación asociada al envejecimiento de la población. Sin embargo, con el decreto esos recursos ingresarían directamente a Colpensiones y se utilizarían para financiar el pago de pensiones actuales.

Anif, a cargo de José Ignacio López, alertó que esto generaría un alivio fiscal de corto plazo para el Gobierno, ya que reduciría temporalmente las transferencias que deben hacerse desde el presupuesto para cubrir el pago de mesadas. No obstante, el efecto podría invertirse en el largo plazo, pues se reduciría la acumulación de reservas destinadas a cubrir obligaciones pensionales futuras.

Estimaciones del gremio indican que, de aplicarse el traslado inmediato de los recursos, el Fapc comenzaría su operación con un menor nivel de ahorro al previsto en la reforma. En 2026, el fondo tendría cerca de $5 billones menos frente al escenario originalmente planteado, y hacia 2030 la diferencia acumulada podría alcanzar los $15,2 billones.

La menor capitalización inicial también limitaría la capacidad del fondo para generar rendimientos en sus primeros años de funcionamiento, lo que podría acelerar el momento en que se agoten sus recursos. En ese escenario, el faltante tendría que cubrirse con recursos del Presupuesto General de la Nación, lo que eventualmente implicaría mayores presiones fiscales, ya sea a través de impuestos adicionales o ajustes en el gasto público.

Así, aunque la medida podría representar un alivio temporal para las finanzas del Gobierno, el debate se centra en sus efectos de largo plazo sobre la sostenibilidad del sistema pensional. Utilizar hoy recursos destinados a financiar pensiones futuras podría debilitar la acumulación de reservas del nuevo esquema desde su etapa inicial.