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La Caja advirtió que el traslado favorecería a las empresas de aviación que adeudan cerca de $150.000 millones al sistema pensional de los pilotos
La Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Caxdax, denunció un supuesto traslado ilegal de las pensiones de 347 pilotos hacia Colpensiones por parte de un funcionario de la Superintendencia Financiera con la emisión de una orden "sin fundamento legal", señaló el comunicado.
La Caxdac explicó que esta orden administrativa, en la práctica, implicaría una "expropiación pensional" de los ahorros y pondría en riesgo el sistema privado que gestiona esos recursos desde hace 70 años.
Jorge Mario Medina Cadena, presidente de la junta de Caxdac, dijo que ya existe una denuncia penal por presunto prevaricato en contra del funcionario responsable de este supuesto traslado ilegal de fondos.
Como organismo de control, la Superintendencia Financiera vigila a Caxdac para asegurar que los ahorros pensionales se gestionen bajo la ley. Sin embargo, los pilotos denuncian que la entidad está abusando de esta facultad de supervisión para imponer un traslado que carece de sustento legal y que vulnera su libertad de elección.
Además, la Caja advirtió que el traslado favorecería a las empresas de aviación que adeudan cerca de $150.000 millones al sistema pensional de los pilotos. Actualmente, existen más de 200 empresas con deudas que suman aproximadamente $300.000 millones y más de 80% de ellas ya se liquidaron sin resolver el pago de las deudas.
Si Caxdax pierde su capacidad de cobro y las empresas privadas no pagan, el costo de las pensiones de estos pilotos recaería finalmente en los recursos públicos del Estado, dijeron en el comunicado. Este sistema ampara a más de 1.000 personas, incluyendo aviadores, esposas (os) y viudas (os).
Así, los aviadores de Caxdac hacen un llamado para que el Presidente de la República, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y los organismos de control intervengan ante lo que ellos consideran una "expropiación pensional".
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El demandante argumenta que, según las leyes vigentes, el dinero debe permanecer bajo gestión de los fondos privados