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En 1999 todavía no existía el 4x1.000 como se conoce actualmente, luego del sismo, en 2000 siguió como impuesto permanente
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto y que llevó al Gobierno a declarar la situación de desastre nacional vuelve a poner sobre la mesa una pregunta sobre las fuentes de financiación que podría utilizar el Estado para atender una emergencia de tal magnitud: ¿podría modificarse la vigencia o la destinación del 4x1.000, como ocurrió después del terremoto del Eje Cafetero en 1999?
El antecedente existe, aunque hay una diferencia fundamental, en 1999 todavía no existía el 4x1.000 como se conoce actualmente. El gravamen que estaba vigente era el 2x1.000, creado en 1998 como una medida temporal en medio de la crisis financiera que atravesaba el país.
El 25 de enero de 1999, el terremoto del Eje Cafetero afectó principalmente a Armenia y otros municipios de Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca. La magnitud de los daños obligó al Estado a buscar mecanismos adicionales para financiar la recuperación de la zona.
El proceso continuó en el año 2000, la Ley 633 creó el Gravamen a los Movimientos Financieros, GMF, como un impuesto de carácter permanente y estableció inicialmente una tarifa de 3x1000. Con posteriores reformas, la tarifa llegó al 4x1000, que actualmente se cobra sobre determinadas operaciones financieras.
Actualmente, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes se estudia un proyecto de ley que plantea desmontar progresivamente el GMF en un plazo máximo de seis años. La propuesta contempla que, para las personas naturales con movimientos mensuales inferiores a 1.500 UVT, la tarifa pase de 3x1.000 en la primera vigencia y llegue a 0x1.000 en el cuarto año.
Jairo Villabona, profesor Universidad Nacional, explicó que el GMF nació en 1998 como un gravamen temporal de 2x1000, mediante el Decreto Legislativo 2331, expedido bajo el estado de emergencia económica. Posteriormente el Congreso lo convirtió en un impuesto permanente y aumentó su tarifa hasta el 4x1.000. "Para eliminarlo o modificar su destinación, se necesita una ley expedida por el Congreso de la República. El Gobierno mediante decreto no puede modificar su destinación", señaló.
El escenario actual es diferente, el Gobierno ya declaró el desastre nacional por el terremoto del 10 de agosto, mientras continúan las evaluaciones sobre los daños y las necesidades de atención y reconstrucción.
En principio, la sola declaratoria de desastre no modifica la tarifa del 4x1000 ni cambia automáticamente el destino de sus recursos. Para que el gravamen sea prorrogado, modificado o se establezca una destinación específica diferente tendría que existir una decisión normativa que lo permita, de acuerdo con las competencias constitucionales y legales correspondientes.
El economista de Bbva Research para Colombia, Alejandro Reyes, aseguró que “los bancos, como administradores del dinero que confían las personas, llevan registros de cada peso que las personas mueven y eso le da confianza al Gobierno de no recibir dinero corrupto”, afirmó.
En la última década se ha propuesto hacer un desmonte gradual del 4X1.000 hasta que llegara a cero, pero no ha pasado. En 2010 se propuso un desmonte gradual para que en 2018 no se cobrara más pero Reyes explica la crisis del agro en 2014 llevó a que la decisión se reconsiderara.
En 2016 cuando se estaba elaborando la reforma tributaria para 2018, había propuestas para desmontarlo poco a poco, pero hoy en 2026, el impuesto sigue vigente.
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