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Sergio Díaz-Granados, presidente del CAF
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El presidente del CAF dijo que hay desafíos logísticos en Chocó e invitó a empresas a participar en los planes de transporte de donaciones
El presidente del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, anunció durante el Congreso Empresarial Colombiano el redireccionamiento de US$48 millones para reconstruir instituciones educativas en Chocó, Valle del Cauca y otras zonas afectadas por el terremoto que sacudió al país esta semana.
"Hemos logrado ya acomodar un primer paquete financiero por US$48 millones para reconstruir esos colegios en Chocó, en el Valle del Cauca y el resto de las zonas afectadas", afirmó el directivo, quien señaló que el propósito es que la nueva infraestructura educativa sirva como referencia para futuras construcciones. "Tenemos que tomar el terremoto como línea base hacia adelante en la construcción. Vamos a hacer el esfuerzo para que la construcción que venga sea lo más eficiente posible", dijo.
El presidente del CAF recordó que han estado en constante conversación con el gobierno colombiano para apoyar en medio de la crisis. Además, según el decreto de emergencia conocido esa mañana, dijo, el terremoto afecta cerca de 4 millones de viviendas y a más de 12 millones de personas, con municipios que aún no logran restablecer comunicación.
El directivo enmarcó la tragedia dentro de una tendencia regional de desastres naturales recurrentes en los últimos tres años, entre ellos las inundaciones de Río Grande do Sul en Brasil, huracanes en Hawái y Chile, y el terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio, cuyo impacto calculó en 22% del PIB de ese país. "La resiliencia no se improvisa", advirtó, e hizo un llamado a abrir la discusión sobre financiamiento de desastres y a posicionarla en el centro de la conversación pública, de cara además a la llegada del fenómeno de El Niño.
Sobre el reto logístico que representa el Chocó, señaló que la dificultad de transportar materiales hasta los municipios más apartados exigirá el conocimiento del sector empresarial. "Ustedes recorren el país día a día con productos de consumo masivo, llegan hasta la última tienda, saben cómo son las dificultades de logística", dijo, y agregó que la prioridad no es crear nuevas instituciones, sino "conectar, financiar e instalar el enorme potencial que ya tenemos para la reconstrucción y el desarrollo".
Más allá de la respuesta a la emergencia, Díaz-Granados centró buena parte de su intervención en el diagnóstico económico del país y en los mensajes que CAF ha venido discutiendo con el nuevo gobierno. Advirtió sobre un deterioro fiscal marcado, con un déficit calculado por el propio gobierno entre 7 y 8 puntos del PIB, e hizo suyo el llamado del ministro de Hacienda a no seguir financiando el gasto público a punta de deuda. "Estamos cavando un pozo, es el momento de dejar de cavar", señaló.
El directivo también advirtió que la inversión en Colombia se encuentra en su nivel más bajo desde 2007 y que, para que el país retome una senda de crecimiento sostenido, debe aumentar a doble dígito en los próximos años. Calificó como positiva la eliminación del impuesto al patrimonio, aunque insistió en que se requieren medidas adicionales para hacer del país un destino más atractivo para la inversión.
En materia social, alertó sobre una informalidad laboral de 54% y una pobreza de 28%, y cuestionó la sostenibilidad de la reducción de la pobreza extrema lograda en los últimos años (de 1,4 millones de personas) por el costo que representó para las finanzas públicas. "La fórmula de expandir el gasto como se expandió no fue efectiva a la hora de tener una recuperación de los indicadores sociales que sea sostenible", afirmó.
Como tercer mensaje, Díaz-Granados recordó el plan de financiamiento presentado hace dos semanas en Medellín junto con el gobierno nacional: una línea base de US$9.000 millones. Del total, 40% se destinará a las necesidades financieras de la nación y 60% restante a entidades subnacionales, empresas públicas, alcaldías, gobernaciones y proyectos de asociación público-privada, con plazos largos y tasas bajas. Los recursos se enfocarán en seguridad energética, infraestructura vial y portuaria, y en programas de educación, salud y saneamiento básico.
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