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José Ignacio López, presidente de Anif
El centro de estudios advirtió que recursos destinados al ahorro para pensiones futuras se utilizarían para cubrir obligaciones actuales
El Ministerio del Trabajo publicó un borrador de decreto que modificaría las reglas para el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, Rais, hacia Colpensiones, al obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, a transferir, en un plazo de 15 días tras la firma de la norma, la totalidad de los ahorros acumulados por los afiliados que ejercieron la oportunidad de traslado, sin importar si ya cumplen los requisitos para pensionarse.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, la medida tendría efectos negativos sobre el sistema pensional y presionaría las finanzas públicas. Aunque los derechos individuales de los afiliados no se verían afectados, el traslado inmediato de cerca de $25 billones desde las AFP hacia Colpensiones implicaría que estos recursos dejarían de fortalecer el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, Fapc, creado para financiar las pensiones futuras de trabajadores que devengan hasta 2,3 salarios mínimos.
El centro de estudios advirtió que, en la práctica, recursos destinados al ahorro para pensiones futuras se utilizarían para cubrir obligaciones actuales, lo que aceleraría el agotamiento del fondo y obligaría a que, en el futuro, el faltante sea cubierto con recursos del Presupuesto General de la Nación, lo que podría traducirse en mayores impuestos o ajustes del gasto público.
ANIF también alertó sobre un impacto en el costo de endeudamiento del Gobierno. Según sus estimaciones, cerca de 70% de los $25 billones —unos $17,5 billones— estaría invertido en títulos de deuda pública. La necesidad de liquidar estos activos en un periodo corto generaría una oferta masiva que presionaría a la baja sus precios y elevaría las tasas de interés, encareciendo el financiamiento del Estado en un contexto en el que el servicio de la deuda ya representa una carga relevante en el presupuesto nacional.
La entidad señaló que los recursos transferidos ingresarían directamente a Colpensiones para financiar el pago de mesadas actuales, sin destinarse a la constitución de reservas para obligaciones futuras. Esto reduciría las transferencias presupuestales en el corto plazo y liberaría caja para el Gobierno Nacional, pero trasladaría presiones fiscales hacia adelante.
Finalmente, Anif advirtió un posible conflicto jurídico, al considerar que el borrador contradice el Artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 —uno de los apartes no suspendidos por la Corte Constitucional—, el cual establece que los recursos acumulados en cuentas individuales deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que se consolide el derecho a la pensión. Según el análisis, esta disposición tiene fuerza de ley y no podría ser modificada mediante decreto.
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