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El Gobierno radicó una nueva reforma tributaria con la que busca generar $12 billones para complear el Presupuesto General de la Nación
Según expertos y políticos, cada día que pasa complica el estado del pago de la energía, especialmente de los usuarios del Caribe
Tal y como estaba previsto, el Gobierno Nacional condicionó el pago de la opción tarifaria a la reforma tributaria, o ley de financiamiento, como lo promueve el discurso oficial.
Y más allá de alegrías, por una posible solución a la crisis energética del país, especialmente de la región Caribe, se intensificaron las críticas hacia la propuesta del Gobierno.
Si bien desde los ministerios de Hacienda y de Energía ya se habían comprometido con $2 billones para pagar esta deuda por medio de Findeter, lo cierto es que los compromisos adquiridos ascienden hasta $4,7 billones en su totalidad, con corte hasta el pasado abril.
Los $2 billones que promete el Gobierno apenas cubrirían los estratos 1,2 y 3, como promete la norma tributaria.
El restante de estos recursos para finiquitar la opción tarifaria se conseguirían a través de emisión de deuda. Así lo señaló el proyecto de ley, radicado ante el Congreso esta semana.
“De manera excepcional y exclusivamente durante la vigencia fiscal 2025, la Nación podrá reconocer como deuda pública los saldos adeudados por los usuarios regulados del servicio público domiciliario de energía eléctrica en los estratos 1, 2 y 3 (...) Las obligaciones podrán ser pagadas con bonos u otros títulos de deuda pública. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”, señaló la norma.
Con este apartado, el Gobierno Nacional abre la posibilidad de que las obligaciones puedan ser canceladas luego de emitir nueva deuda puntual para este compromiso o tomando algunos de los saldos que se liberen por otras emisiones.
El texto también especificó que lo que puede reconocerse como deuda por opción tarifaria sería como máximo, el saldo adeudado al momento de la entrada en vigor de este proyecto, en caso, eso sí, de que logre su aprobación en el Legislativo.
Justo en este apartado es donde están las luces y críticas de analistas y políticos, toda vez que la aprobación de la reforma tributaria está sujeta al visto bueno por parte de las comisiones económicas al presupuesto general de 2025.
Esta aprobación está condicionada, a su vez, a un recorte del monto prometido por el Gobierno de $523,7 billones, por parte de políticos de oposición e independientes, que rechazan la baja ejecución y el alto gasto administrativo, entre otros.
“Vincular la opción tarifaria al proyecto de financiamiento hace que pueda estar demorándose más la definición de la opción tarifaria (...) La verdad, nos parece complejo porque la tributaria hoy puede tener un curso no favorable”, aseguró frente al tema, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg.
Andrés Felipe Gallegos, analista de investigaciones económicas de Corficolombiana, aseguró que cada día que pasa “es una mayor presión en la facturas de los hogares, especialmente, los de la región Caribe”.
El experto aseguró que con el pago de la opción tarifaria, los usuarios de energía eléctrica de la costa Caribe tendrán un descuento entre 8% y 30% en las facturas de energía. “Las tarifas podrían reducirse en 8,3% en los departamentos donde opera Afinia y 30,7% en los de Air-e”.
Luego de la visita del superintendente de Servicios, Dagoberto Quiroga, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le propuso la eliminación de la opción tarifaria, como un mecanismo para aliviar la presión de los hogares por el pago de su factura de energía eléctrica.
“Los barranquilleros podremos tener un ahorro de casi 30% en el recibo de energía, después de haber pagado más de 80% de este injusto cobro”, manifestó el mandatario local, a través de su cuenta de X. Agregó que “esperan una respuesta lo más pronto posible” sobre esta solicitud.
La exposición de motivos dice que este régimen especial no ha servido para reducir la informalidad, según lo expuesto a través de documento
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