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Luis Carlos Reyes, director de la Dian, afirmó que la reforma se alinea con la Constitución de 1991 y cumple con ella en la medida en que será debatida en el Congreso de la República
Luego de tres meses y una semana desde que el articulado llegó al Congreso, finalmente el legislativo ya le dio el visto bueno
El miércoles fue el Senado de la República, ahora lo hizo la Cámara de Representantes, ambos le dieron el sí al texto de conciliación de la reforma tributaria, con lo que el gran proyecto de los primeros 100 días del presidente Gustavo Petro está pendiente por solo de su propia firma y así convertirse en una nueva Ley.
En la tarde de este jueves, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, celebró que finalmente la Cámara aprobó con 122 votos a favor y 27 en contra, el documento final.
De este modo, desde el primero de enero Colombia tendrá un nuevo paquete de impuestos, que según el Gobierno, se trata de un articulado que buscará entre $19 y $20 billones extra para las cuentas de la Nación, recursos que llegarán desde los que más ganan con el impuesto al patrimonio, y especialmente por el lado de empresas, reforzando la tributación de las empresas de los hidrocarburos.
Entre el grupo de las modificaciones que se verán en 2023, uno de los que más pesa está en las petroleras. Los impuestos a los hidrocarburos serán la principal fuente de estos recursos, ya que aportarán la mitad de la tributaria. Se mantuvo la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta, pero con modificaciones en la valoración de las regalías pagadas en especie por parte de las empresas.
El articulado también define la fórmula que se aplicará para las sobretasas de renta que se ajustaron únicamente para la extracción de petróleo y gas y que dependerán de los precios internacionales. Estas sobretasas serán de 5% o 10% para la extracción de carbón y de 5%, 10% o 15% para el petróleo.
Los umbrales, tanto para el carbón como para el petróleo, se definirán de acuerdo con la distribución de los precios internacionales en términos reales, ajustados a la inflación de Estados Unidos.
El cambio principal que se dio en este aspecto en las últimas reuniones entre los congresistas ponentes y el Ministerio de Hacienda fue que ya no se contabilizará como base gravable el precio promedio de los últimos 20 años, sino que será el de los últimos 1o años.
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