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Efectos del nuevo sello a ultraprocesados planteado por el Gobierno
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La Andi, Asoleche, Acta, entre otros, advierten sobre los posibles impactos que podría traer la medida en la producción y comercialización de algunos alimentos
El Gobierno puso sobre la mesa un nuevo cambio en el etiquetado de alimentos al proponer una advertencia frontal específica para los productos ultraprocesados. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud, entró en consulta pública y abre un nuevo capítulo en la regulación del sector, en medio de cuestionamientos sobre el alcance y la necesidad de modificar el esquema vigente.
El proyecto no solo plantea un nuevo distintivo rectangular en los empaques, sino que también reabre la discusión sobre el marco actual de etiquetado frontal. Mientras el Ejecutivo avanza en la propuesta, desde distintos frentes se advierte sobre posibles riesgos regulatorios, falta de evaluación previa y el impacto que podría tener en la industria, lo que anticipa un debate técnico y empresarial más amplio.
Gremios como la Andi, Asoleche, el Observatorio Nacional de la Mipyme, el Consejo Asesor del Cluster de Agroalimentos de la Cámara de Comercio de Medellín y la Asociación Colombiana de Ciencia de Alimentos, Acta, han salido a pronunciarse, advirtiendo sobre los posibles impactos que podría traer esta medida, desde cambios en el consumo hasta efectos en la producción y comercialización de alimentos.
Viviana Echeverri, gerente general de Padam Bienestar y presidente del consejo asesor del cluster de Agroalimentos de la Cámara de Comercio de Medellín, aseguró que la afectación es crítica y multidimensional. “La inestabilidad jurídica nos va a cambiar las reglas del juego por cuarta vez en menos de cinco años. Para cualquier empresa esto ya es complejo, pero para una micro o pequeña empresa puede ser realmente asfixiante. Financieramente, esto implica una carga desproporcionada en estudios, diseños, planchas, impresión e inventarios de todos nuestros empaques”, dijo.
La Andi, por su parte, ha sido una de las más críticas al advertir que la propuesta podría generar inestabilidad jurídica y regulatoria. El gremio señala que se estaría desmontando el esquema vigente sin una evaluación ex post, lo que iría en contravía de buenas prácticas internacionales. Además, alerta que cambios frecuentes en periodos cortos dificultan la planeación empresarial y cuestiona la ausencia de mesas de trabajo con el sector productivo.
Según advirtió, el proyecto resultaría inconveniente para el país al poner presión sobre un sector compuesto por más de 51.000 empresas, en su mayoría mipymes, y comprometer el sustento de miles de trabajadores vinculados a la cadena de abastecimiento.
“Este nuevo reglamento técnico no está debidamente justificado. Se está planteando sin la evidencia científica que debería respaldar un cambio tan profundo y sin haber medido su impacto real en las empresas”, señaló Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de Alimentos de la Andi.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Ciencia de Alimentos, Acta, ha puesto el foco en la definición de “ultraprocesado”. El gremio advierte que no existe un consenso científico internacional que vincule directamente esta categoría con riesgos para la salud, y señala que la propuesta podría terminar simplificando en exceso la información que recibe el consumidor.
En ese sentido, Acta recuerda que la evidencia disponible asocia las enfermedades crónicas, principalmente, con el consumo excesivo de azúcares, sodio y grasas saturadas, factores que ya están contemplados en el sistema actual de sellos. Por eso, considera que incluir una nueva advertencia basada solo en el nivel de procesamiento podría generar percepciones de riesgo que no necesariamente reflejan la calidad nutricional real de los alimentos.
Desde Asoleche, aunque respaldan la idea de informar mejor al consumidor, advierten que la propuesta tendría fallas de fondo. El gremio cuestiona que los productos con sellos no puedan comunicar sus beneficios, lo que impediría que alimentos como el yogurt destaquen su aporte de calcio, proteína o probióticos, limitando la información disponible.
También alertan por el impacto en el consumo. Señalan que equiparar el procesamiento con un riesgo podría desincentivar la compra de lácteos, pese a su valor nutricional, y terminar generando decisiones mal informadas que irían en contravía de la salud pública.
Desde el Observatorio Nacional de la Mipyme, la preocupación se centra en los costos y la capacidad de adaptación de las empresas. Aunque respaldan el objetivo de mejorar la información al consumidor, advierten que los cambios en el etiquetado implicarían gastos en rediseño de empaques, ajustes productivos y logísticos, además de manejo de inventarios, lo que presionaría especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.
“Una política pública que, en nombre de la salud, desincentive el consumo de alimentos nutricionalmente valiosos, se convierte en una herramienta de señalización o discriminación”.
El Observatorio también alerta que estas medidas llegan en un momento complejo para el tejido empresarial, con menor demanda, mayores costos y dificultades de financiamiento. En ese contexto, señalan que cambios regulatorios frecuentes y sin suficiente transición generan incertidumbre, afectan la planeación y podrían terminar trasladando mayores costos al consumidor final.
“El proyecto genera un impacto relevante porque introduce nuevas obligaciones, como rediseño de empaques, ajustes en procesos productivos y cambios operativos, sin que exista una evaluación previa del desempeño del esquema actual”, dijo Rosmery Quintero, directora ejecutiva de Acopi Atlántico.
Más allá del debate técnico, el sector advierte efectos directos sobre el empleo y el tejido empresarial. Señalan que muchas compañías aún se están ajustando al esquema actual, tras inversiones recientes, por lo que un nuevo cambio aumentaría la presión, especialmente en las mipymes.
También alertan por la falta de sustento técnico y posibles vacíos legales. En ese escenario, advierten que los costos y la incertidumbre podrían trasladarse al empleo y al consumidor final, en un sector donde predominan las microempresas.
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