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“Los empresarios respetamos los pronunciamientos de la justicia pero resulta absurdo que un empresario que cumple cabalmente con sus deberes, deba responder por actos de la guerrilla”, señaló el presidente de la ANDI en respuesta a la orden judicial.
“A Promigas no le pueden aplicar, sin más, la figura de la imputación de responsabilidad por riesgo excepcional o especial, figura de desarrollo jurisprudencial no exenta de polémica, que es predicable únicamente frente al Estado”, señala Mac Master para quien es claro que la referida empresa tiene como sustento los deberes de equidad y solidaridad con las víctimas.
“Este fallo constituye un grave precedente en materia de la responsabilidad extracontractual de los particulares y constituye un nuevo factor de incertidumbre jurídica que lesiona la inversión privada”, añadió el vocero de los empresarios.
El pronunciamiento de la ANDI se da luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira ratificara una sentencia de 2014 en la cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Oral de Riohacha declarara responsable a la empresa Promigas y al Ministerio de Minas por los daños que produjo la guerrilla de las FARC al gasoducto Ballenas-Barranquilla, en un atentado ocurrido el 21 de octubre de 2001. Ese hecho de terror dejo ocho personas muertas, varios heridos y cuantiosos daños en viviendas.
Así las cosas, la empresa de gas y el Ministerio deberán pagar indemnizaciones a los civiles afectados por un valor aproximado a US$3.700 millones.
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