Orden de la Corte Constitucional en Quifa se suma a la mala racha de Pacific E&P

La Corte ordenó “la suspensión de las actividades relacionadas con este proyecto que actualmente se cumplan a una distancia inferior a dos  kilómetros del límite del Resguardo Indígena Vencedor Pirirí y de otras relacionadas con aquéllas, hasta tanto se realice un proceso de consulta previa entre el resguardo accionante y las empresas accionadas”. 

Este campo, ubicado en Puerto Gaitán, y que limita con Rubiales, es el cuarto productor de petróleo de Colombia, ya que en 2015 logró 56.459 barriles diarios en promedio. Con esta cifra, se ubica como el segundo descubrimiento más grande de la compañía canadiense, después de Rubiales, que será entregado a Ecopetrol en julio de este año.

La suspensión de parte de las operaciones aún no se daría, ya que Pacific explicó que aún no han sido notificados. 

Ahora, también es necesario tener en cuenta que este freno no afectaría únicamente la producción de la canadiense sino también de Ecopetrol, ya que en el contrato de asociación Quifa, la colombiana recibe 40% de los barriles, mientras que Meta Petroleum, operadora de Pacific, tiene 60% restante.

Esta es la segunda sentencia en un mes que emite el Alto tribunal en contra de operaciones petroleras. Solo 15 días antes había señalado que Ecopetrol y Petrominerales debían suspender parte de un proyecto en Putumayo por no concluir la consulta con la comunidad indígena de la región. En ese caso, el freno, que tampoco ha sido notificada a la empresa, afectaría a dos pozos que generan 10% de los barriles del campo que son 3.600 diarios.

Es por esto, que Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, explicó que hay que “garantizar la seguridad jurídica, en razón a la importancia de la estabilidad en las reglas del juego para una industria intensiva en capital y con inversiones a largo plazo, que ya está en riesgo, en especial por el abuso de la tutela, que amenaza la firmeza de actos administrativos y de derechos adquiridos”. 

En el caso de Orito, al igual que en esta situación de Pacific, la Corte señaló que será necesario suspender las operaciones hasta que se realice el proceso de consulta previa. 

Pacific E&P actualmente se encuentra estudiando la implicación económica, teniendo en cuenta el área que quedaría afectada y cuánto puede durar suspendida, ya que según explican los expertos, en promedio, realizar el proceso de consultas previas en una comunidad puede tardar 359 días. Sin embargo, hay procesos que han tardado 838 días y otros un poco más de los 4 años.

En la actualidad hay registradas 11 tutelas interpuestas por comunidades indígenas y afrodescendientes que solicitan ser  consultadas e indemnizadas.}

Implicaciones de las tutelas de consulta previa
En 11 procesos que cursan en la Corte Constitucional por tutelas de comunidades, estudios de los gremios han demostrado que las empresas han cumplido con la normatividad vigente de la Consulta Previa; es decir, se han llevado a cabo los protocolos internacionales y nacionales existentes. Y de hecho, en varios casos, las autoridades competentes certificaron, en el momento de solicitar la licencia ambiental, que dentro de los límites del proyecto no se registraba presencia de comunidades.

Las opiniones

Francisco José Lloreda
Presidente de la asociación colombiana del petróleo
“Hay que garantizar la seguridad jurídica por la importancia de la estabilidad en las reglas del juego para una industria intensiva en capital y con inversiones a largo plazo”.

Camilo Silva 
Cofundador de Valora inversiones
“La acción en este punto está más pendiente de que se llegue a un acuerdo con los bonistas. Ayer cayó 4,5% y fue en línea con el comportamiento del precio del crudo”.