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Además, el equipo de fútbol antioqueño salió de la Lista Clinton
Hoy, ProFútbol, fondo de capital privado administrado por Progresión, confirmó la adquisición de 55% del equipo de primera división del Fútbol Profesional Colombiano, Envigado FC.
El anuncio se dio después de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos confirmara que el equipo antioqueño, Envigado Fútbol Club, ya no hacía parte de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como Lista Clinton.
“Ofac levantó las sanciones contra el Envigado Fútbol Club después de que el Gobierno colombiano y el equipo de fútbol emprendieron esfuerzos extensos que cortaron los lazos anteriores del club con la influencia criminal de La Oficina de Envigado”, comentó Sigal Mandelker, la Subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
El equipo dirigido por Rubén Bedoya había concluido el año pasado con un repunte de utilidades de $5.787 millones y un crecimiento de 42,9% en sus ingresos, que fueron de $23.533 millones.
Sobre la compra, el Gerente Legal de Progresión, Alexander González, comentó: "A través de nuestro fondo ProFútbol, contamos con las características necesarias en cuanto a nuestros procesos, gestión y gobernanza, para asumir como accionistas mayoritarios del Envigado F.C.”.
El comité de inversiones de la compañía que ahora es accionista mayoritaria del club paisa está liderado por Óscar Astudillo, quien en años pasados fuera presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y del Deportivo Cali.
SuperSociedades exoneró de control al club
Desde 2015, el Envigado F.C. se encontraba sometido a control de la Superintendencia de Sociedades, situación que fue revertida hoy tras la salida de la Lista Clinton.
"Desde su sometimiento a control, el club Envigado incrementó sus activos, mejoró su situación económica y sus índices de liquidez", comentó mediante un comunicado la Superintendencia.
No obstante, aclaró la Super, "Envigado Fútbol Club continuará bajo supervisión por parte del Grupo de Investigaciones Especiales de la entidad durante los tres meses siguientes a la ejecutoria de la decisión mencionada, con el fin de verificar su evolución jurídica y financiera".
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