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Billy Escobar, Supersociedades
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La sociedad deberá pagar multa de $1.298 millones y no podrá contratar con el Estado ni recibir subsidios del Gobierno
La Superintendencia de Sociedades informó que, el pasado 19 de febrero de 2026, sancionó a la sociedad Impoamericana Roger S.A.S., en el marco de una investigación por actos de corrupción, con fundamento en lo previsto en la Ley 2195 de 2022.
La actuación se originó en el suministro de 40 vehículos tipo carrotanque a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, en virtud de la Orden de Proveeduría SMD CTQ-192-2023 del 12 de octubre de 2023, por un valor total $46.800 millones, en el contexto de la emergencia económica, social y ecológica declarada en el departamento de La Guajira.
"Concluido el procedimiento correspondiente, se estableció la responsabilidad de la sociedad por la transgresión de disposiciones relacionadas con actos de corrupción. En consecuencia, la Entidad resolvió: i) Imponer una multa por valor de $1.298 millones. ii) Declarar la inhabilidad de la sociedad para contratar con el Estado. iii) Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la sanción en un diario de amplia circulación nacional. iv) Ordenar la remoción de los administradores. v) Prohibir a la sociedad recibir subsidios del Gobierno por el término de 10 años".
Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló “la entidad reitera su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial y de manera especial, con la promoción de la ética corporativa y la lucha contra la corrupción, como pilares para consolidar una cultura de legalidad e integridad en el ámbito empresarial”.
La polémica se desató luego de que, precisamente, la Ungrd invirtiera cerca de $46.800 millones para la compra de los llamados carrotanques con el objetivo de transportar agua a las comunidades del departamento, golpeadas por una prolongada sequía.
La Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, detectaron presuntas irregularidades en el proceso de contratación. Esta última identificó sobrecostos de varios miles de millones de pesos e inconsistencias en la adjudicación de los contratos, que favorecieron a proveedores con vínculos dudosos.
El ente acusador abrió una investigación formal por posibles delitos relacionados con la adjudicación y la gestión de los carrotanques, que inicialmente no estaban cumpliendo con su función de suministrar agua a las comunidades.
Los vehículos enfrentaron obstáculos operativos desde el inicio y en varias etapas del proceso permanecieron parqueados por falta de pólizas de seguro o ausencia de operadores capacitados.
La Fiscalía continúa avanzando en la identificación de responsables y la obtención de beneficios judiciales para implicados, en el marco de lo que se considera uno de los mayores casos de malversación de recursos públicos en la administración reciente.
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