Los efectos del etiquetado en alimentos tardan en llegar, según informe de Kantar

En días pasados, el Gobierno Nacional y diferentes asociaciones de consumidores e industriales llegaron a un acuerdo para que en el país evolucione el modelo de etiquetado de los alimentos y las bebidas. En el anuncio, el presidente Iván Duque resaltó el proceso de diálogo y consenso entre los actores, y Felipe Torres, director Ejecutivo Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi, explicó que “el beneficio para el consumidor es que se le está dando la información clara, de manera simplificada para que haga compras informadas y sepa qué contenidos son altos en tres nutrientes que se ha considerado tienen especial relevancia”.

Ahora que el país está en ese proceso de modernización, el más reciente informe de Kantar sobre el proceso de etiquetado nutricional en Latinoamérica evidenció que los resultados en los países en los que esta clase de medidas se han tomado tardan en llegar, más allá de que 66% de las personas lee la información nutricional de los empaques, de que la salud ocupa la cuarta posición del ranking de preocupaciones del consumidor y de que un tercio de las familias latinoamericanas han modificado sus hábitos nutricionales.

Una de las primeras experiencias regionales de este tipo de etiquetas se dio en Ecuador, país donde en 2014 se implementó la modalidad “semáforo” en las etiquetas y un impuesto al azúcar. El resultado de esta implementación fue que hubo reducciones en los volúmenes de bebidas azucaradas y otros productos como mantequillas, pero las demás categorías se mantuvieron en terreno positivo.

Así mismo, en México las medidas comenzaron en 2014 con un impuesto sobre el azúcar, que evolucionó en 2016 con un plan educativo sobre el consumo del mismo. Los datos de Kantar detallaron que, en el corto plazo, las categorías gravadas bajaron solo en 2% sus volúmenes en comparación con 2013.

En 2016, en Chile se aprobó la ley de etiquetado de productos y un impuesto sobre el azúcar. En el corto plazo, hubo una fuga de compradores, pero a mediano plazo, el caso chileno lo que mostró fue una caída en la frecuencia de compra, sin disminución para el número de compradores, salvo por categorías como margarina y galletas no dulces.

En el caso colombiano, es importante resaltar que no habrá un impuesto, por lo que los efectos en el consumo pueden ser aún más acotados que en los países antes citados. Lo que prevé el acuerdo anunciado en la Casa de Nariño es que en dos años, en la industria se usarán sellos negros, de forma circular y presentarán una advertencia sobre productos altos en azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas. Adicionalmente, habrá un etiquetado positivo voluntario, para aquellos alimentos que cumplan con criterios benéficos para la salud.

Esta etiqueta, que será obligatoria para la industria, destacará el contenido por la cantidad de gramos o mililitros. La adopción de este etiquetado nutricional deberá darse en mayo de 2021. Según el Ministerio de Salud su obligatoriedad comenzará a partir de noviembre de 2022.

“El principal objetivo es que la información nutricional que está en la etiqueta se presente de forma clara y comprensible para el consumidor. Así como evolucionar el marco normativo actual, pasando de acciones voluntarias a obligatorias”, aseguró MinSalud.

Entre los encargados de la vigilancia de esta nueva política de etiquetas habrá entidades como la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Cámara de la Industria de Alimentos y la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi y ONG como la Red Papaz, De Justicia o Educar Consumidores.