Ley antitrámites impulsó la creación de firmas de papel

La culpable no es la ley, sino quienes la utilizaron para obtener poder. Esa es la conclusión de las autoridades que tienen que ver con las cámaras de comercio del país al ser consultados por las causas de que a través de empresas de papel algunos sectores quieran tomar el control de éstas. El debate se encendió por los acontecimientos del momento en la Cámara de Barranquilla, pero ya se han detectado las mismas prácticas en al menos otras siete.

Por eso, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Cámara de Comercio de Bogotá y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), están preparando una ley que será presentada al inicio de la segunda legislatura del Congreso de la República, en la que se pedirán cambios en los sistemas de gobernabilidad de estas entidades.

“Desde hace más de cinco meses tenemos una comisión encargada de preparar el proyecto de ley, que pretende modificar ciertas reglas de gobernabilidad en la cámaras: requisitos y calidades para ser miembros de juntas directivas, la forma en que deben elegirse, el tiempo que debe transcurrir entre la inscripción en el registro mercantil la posible afiliación con fines de participar en el proceso electoral y la forma en que deben elegirse los presidentes ejecutivos de las cámaras, entre otros aspectos”, afirmó Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio.

Pero las alarmas se encendieron desde antes de explotar el escándalo en la capital del Atlántico. A comienzos de 2012, antes de que se realizaran las elecciones, Confecámaras y la Superindustria advirtieron de la práctica de crear empresas para influir en los resultados electorales. Por eso, según informó Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, se hizo la depuración de siete cámaras de comercio del país. Entre ellas, estuvieron las de Armenia, Bogotá y Villavicencio. A la de Barranquilla también se les hicieron las advertencias, pero no adoptaron los correctivos antes de que se diera el proceso electoral.

¿Qué fue lo que facilitó la ley?

La Ley 1429 de 2010, nombrada Ley de Formalización y Generación de Empleo, fue creada con la intensión de promover la creación de empresas a través de la reducción de trámites y costos de los procesos. Además, incluyó la exención de impuestos durante algunos años, para garantizar la perdurabilidad de las empresas.

“Si bien la ley es de formalización, también favorece el emprendimiento. La norma ha permitido la creación de 401.867 nuevas empresas. Es decir, ha tenido también esa bondad de las empresas que se han amparado en la ley para constituirse. Eso les permite a esas firmas atravesar el ‘Valle de la Muerte’: el período de tres años, que es el promedio de lo que dura una empresa antes de tener la primera crisis”, dijo el presidente de Confecámaras.

Son muchas las empresas que se han beneficiado de la Ley. Las ciudades en las que más se han beneficiado de ella son Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. Con su entrada en vigencia, las nuevas empresas pasaron de tener un crecimiento de 2,73%, en 2010, a 6,99%, en 2011, y 17,06%, en 2012. Y aunque, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, las empresas que fueron luego depuradas por la Superindustria representaron el 9,4% de las creadas, no es suficiente para satanizar la ley.

¿Cómo evitar la ingobernabilidad?

“Lo que sí habrá que hacer es una reglamentación de modo que los diferentes sectores de los comerciantes estén representados. Lo que podría hacerse para que no se presenten estas pugnas es reglamentar una distribución equitativa de todos los sectores económicos de las ciudades. Por ejemplo, hoy una gran industria con una inversión cuantiosa tiene el mismo peso que una nueva empresa pequeña”, indicó  Ricardo Buitrago, experto y consultor empresarial barranquillero.

Con él coinciden varios de los representantes de las cámaras de comercio del país. Es el caso de la de Medellín, aunque dentro de sus planteamientos está también fortalecer las herramientas que se tienen ahora por parte de las autoridades estatales y la revisión más estricta de las documentaciones como responsabilidad de las cámaras.

“Es necesario, por la realidad de lo ocurrido en las elecciones pasadas, explorar los mecanismos adicionales para fortalecer el sistema de creación de sociedades y sobretodo del propósito para que se crea. Nosotros sabemos cómo es el comportamiento por sector y todo eso. Si tuviéramos unos elementos objetivos, que ayuden a determinar unas reglas de juego para la gobernabilidad de las juntas directivas sería muy bueno”, señaló Jorge Villegas, vicepresidente jurídico y vocero autorizado de la Cámara de Comercio de Medellín.

Por su parte, la presidenta de la cámara que está en el ojo del huracán y que desató la discusión, María José Vengoechea, señaló que con todo esto quedó a la luz publica que con la ley las cámaras de comercio se volvieron más vulnerables para que se dieran este tipo de situaciones.

“La ley de formalización ha sido excelente en todo sentido, pero uno nunca se imagina que la van a utilizar para fines que no son los correctos. En las cámaras de comercio la parte primordial para poder blindarnos está en el sistema del régimen de afiliados. Puedes hacer las matrículas que quieras, pero para afiliarlas deberían haber filtros en cada una, para que los afiliados sí sean reales, honorables y demás”, dijo Vengoechea.

Controles hoy son insuficientes

Aunque para evitar que se inflaran los censos electorales con el fin de ganar elecciones en estas entidades, el Gobierno le dio las facultades para cancelar las afiliaciones de las empresas que no estén en regla, el caso de Barranquilla dejó al descubierto que no son suficientes.

“Los únicos culpables de lo que ocurrió en Barranquilla fueron los que crearon de manera fraudulenta más de 1.500 SAS. Pero el sistema actual de gobernabilidad no es perfecto, tiene muchas cosas por mejorar y por ello es que estamos trabajando”, dijo Robledo.

Superindustria  está detrás de más implicados

Lo que se ha conocido de la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre las elecciones en la Cámara de Comercio de Barranquilla es apenas el comienzo. Dentro de los implicados en la trama empresarial que habría sido creada para hacerse con el poder, aún falta por saber a quién pertenecen más de la mitad de las otras empresas. Hasta el momento, la cara visible ha sido el empresario Samuel Tcherassi, pero hay otros nombres vinculados. Dentro de las investigaciones estarían involucradas otras 281 empresas como mínimo, en la que participaron varias personas, creando más de 25 de ellas, pero bajo la propiedad del apellido de una sola familia.

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