La avalancha de las solicitudes por el cambio de etiquetado sobrepasaría al Invima

Las empresas se encuentran contra el reloj para adaptarse a la nueva reglamentación de etiquetado nutricional para los alimentos empacados, envasados y ultraprocesados nacionales e importados que se comercializan en el país. El cambio generaría un cuello de botella en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de solicitudes para poder agotar las existencias.

La ley establece un sello octagonal con fondo negro al frente de los paquetes con el que se informará al consumidor del contenido de grasas trans y de exceso de edulcorantes y azúcares. Su implementación tomaría tiempo, teniendo en cuenta que, hoy, cientos de productos se encuentran con una marca redonda que no cumple con los estándares aprobados.

Para cumplir con lo establecido, el mismo Invima habilitó el trámite de agotamiento de existencias de etiquetas, cuyo sometimiento es de carácter voluntario. Esto se le autorizará a quienes cumplan los requisitos, por una única vez para el periodo comprendido entre el 14 de junio de 2023 y el 14 de junio de 2024. Quienes no realicen el trámite, tendrán que comenzar a usar dicha marca a partir de mediados del presente año, o someterse a las respectivas sanciones.

Al respecto, Leonardo Aljure, presidente de Comestibles Aldor, aseguró que son miles de millones de pesos en cambios de impresión, planchas y empaques. “El cambio de la forma en que debe ir el etiquetado es imposible de cumplir en los tiempos establecidos. No sé el Invima cómo va a resolver esa cantidad de solicitudes que, seguramente, recibirá en los próximos días. La nuestra ya está en trámite”, dijo.

La polémica inició el 16 de junio del año pasado, el Ministerio de Salud publicó la Resolución 810, el reglamento técnico con los requisitos de los etiquetados nutricional y frontal de los alimentos y bebidas envasadas o empacadas. Allí se establecían sellos redondos, de fondo negro y borde blanco, con un texto en mayúsculas que indica en su interior que el producto es alto en azúcares añadidos, grasas saturadas o sal o sodio.

Los 18 meses estipulados culminaron en diciembre de 2022. Según el ‘Análisis de Impacto Normativo en la temática de etiquetado nutricional y frontal de los alimentos envasados en Colombia’, implementar esta política pública, en un periodo de 25 años, costaría $697.758 millones, muy por encima del caso canadiense, donde se estimó en $166.853 millones para 10 años.

Al mismo tiempo, el Congreso de la República aprobó la Ley 2120 en la que se le ordenó a la cartera de salud establecer los parámetros técnicos de este etiquetado definiendo la forma, contenido, figura, proporción, símbolos, textos, valores máximos, colores, tamaño y ubicación en los empaques de los productos que deban contenerlo, y basándose en la mayor evidencia científica disponible”. Esto derivo en la reglamentación que rige en la actualidad.