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Keralty gana su segunda batalla legal contra el Gobierno Petro por la EPS Sanitas
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El 8 de septiembre el Grupo Keralty volvió a administrar la EPS Sanitas tras una sentencia de la Corte Constitucional. Ahora, el consejo de estado le pide a Petro retractarse
El Consejo de Estado falló a favor de la acción de tutela que los directivos de Keralty interpusieron en contra del presidente Gustavo Petro, como consecuencia de las declaraciones públicas que este último había lanzado en contra de Joseba Grajales Jiménez, presidente del conglomerado especializado en servicios de salud, propietario en Colombia de EPS Sanitas, Medisanitas y Colsanitas.
Esta sería la segunda derrota del mandatario en menos de un mes frente a la multinacional española, luego de que, el pasado 8 de septiembre, Keralty recuperara el control de la EPS.
Tras la decisión del alto tribunal, el presidente deberá retractarse de los señalamientos en su próxima alocución oficial, no a través de su cuenta de X.
El pasado 27 de junio, cuando el Consejo de Estado ordenó finalizar la intervención a Sanitas, en alocución presidencial, Gustavo Petro afirmó que, “está prohibido que una empresa como Keralty le pague a los políticos, el político que reciba ese dinero es criminal, está atacando la vida de Colombia. Y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse porque acá está prohibido financiar las campañas con dinero de extranjeros”.
Tras los señalamientos de Petro, Keralty elevó una solicitud formal de amparo ante las autoridades judiciales del país y la organización destacó que este fallo “confirma que nuestras acciones han estado siempre guiadas por el respeto a la ley y, más importante aún, los principios éticos que caracterizan nuestro actuar. Al final del camino, la verdad y la justicia se impone frente a la desinformación y la injuria”.
La compañía afirmó, tras la confirmación del fallo contra el presidente de la República, que “como lo venimos denunciando en otras ocasiones, desde hace más de tres años, Keralty ha sido objeto de una inexplicable y persistente persecución por parte del actual Gobierno Nacional. Esta situación (...) alcanzó un punto crítico con las recientes declaraciones del señor presidente, que no solo carecían de sustento, sino que vulneraban flagrantemente varios derechos fundamentales, entre otros, nuestra honra y buen nombre”.
Este pronunciamiento, tal como lo destacó la compañía en un comunicado, solo le otorga la razón a nivel judicial, sino que reivindica el compromiso de sus colaboradores, de quienes, según dijo, “han seguido trabajando con convicción a pesar del ambiente adverso”.
En un apartado de su comunicado, la organización anotó: “reafirmamos con orgullo que Keralty ha construido, durante casi cinco décadas, un modelo de salud basado en la dignidad humana, la compasión y la excelencia. Somos una compañía cuyos principios y valores no se negocian y son guías fundamentales en nuestro accionar.”
A principios de mes, ya la justicia le había asestado el primer golpe a la administración del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando Sanitas fue entregada a Keralty, 73 días después de que saliera la sentencia de la Corte Constitucional.
“El capital aportado por los accionistas y esas utilidades ya se utilizaron para financiar los servicios que no se pudieron con una UPC insuficiente. El aporte de los accionistas está en casi medio billón”.
El presidente global de salud de Keralty, Juan Pablo Rueda, habló esa semana sobre la intervención y lo que, desde la EPS y Acemi, se vio como “arbitraria e ilegal”. “Las primeras acciones tienen que ver con identificar aquellas fallas de acceso que son críticas y están poniendo en riesgo la vida de los usuarios”, mencionó Rueda sobre cómo recuperar la entidad.
El presidente de salud de Keralty también se refirió a la situación financiera de Sanitas. “Desde 2020 hacia atrás, la EPS tenía una utilidad marginal de 1% que fueron reinvertidas constantemente, fortaleciendo la solvencia de la EPS. El capital aportado por los accionistas y esas utilidades, ya se utilizaron para financiar los servicios que no se pudieron con una UPC insuficiente. El aporte de los accionistas está estimado en casi medio billón de pesos”, afirmó.
Así, parece culminar uno de los conflictos legales más importantes del sector en los últimos años, entre el Gobierno y la EPS privada más grande, con 5,7 millones de usuarios, mientras siguen otras EPS intervenidas.
La iniciativa se suma a otros proyectos impulsados desde la Comisión Accidental de Juventud, creada en 2022, que ha promovido debates en temas de ruralidad, salud mental y participación ciudadana
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