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Bernardo Camacho, interventor de Nueva EPS
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El interventos aseguró que, un análisis con su equipo, arrojó fallas en los procedimientos para procesar la facturación
El interventor de Nueva EPS, Bernardo Camacho, indicó que, debido a falencias en los protocolos de procesamiento, encontró represadas 12 millones de facturas, radicadas por las IPS de 2023 hacia atrás, que ascienden aproximadamente a $4,3 billones.
"El análisis de la información obtenida permitió al equipo interventor evidenciar graves falencias que llevaron a una represa -inicial- de 12 millones de facturas pendientes por procesar por un valor aproximado de $4,3 billones, antes del inicio de la intervención forzosa administrativa que llevó a cabo la Superintendencia de Salud, el 3 de abril de 2024", comunicó la aseguradora.
Según el comunicado del interventor, "la situación de la acumulación de facturas se explica, en gran medida, por la forma que ordenaban los pagos las administraciones previas a la mencionada intervención. Sin embargo, no es la única razón porque este rezago también fue el resultado de diversos factores estructurales".
Entre esas causas de la falla que divulgó, mencionó, por ejemplo, "pagos a las IPS conforme a los promedios de radicación mensual de la facturación presentada y no por la facturación procesada y auditada que se registraba en la contabilidad".
Para junio de 2024, según señaló Camacho, "se evidenció que los archivos Rips (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud) una vez se incluían en las tablas de las bases de datos, eran borrados. Lo que no permitió contrastar la información en los tiempos de intervención y poder dar cierre a los estados financieros".
Finalmente, aseguró que "el sistema empleado para procesar facturas de servicios de salud no contaba con soporte tecnológico lo que hacía su gestión operativa/manual, repercutiendo en la integridad de la información y los tiempos. Allí reposa parte de la demora en el proceso".
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