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La entidad propuso eliminar el pago de 4% de la empresas a las cajas de compensación y los intereses de las cesantías en enero.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) publicó una serie de recomendaciones al Gobierno para la reforma laboral. Entre estas, el centro de pensamiento propuso eliminar el pago a las cajas de compensación familiar y los intereses de las cesantías a los trabajadores con el objetivo de dinamizar el mercado laboral.
El rechazo frente a la propuesta ha sido generalizado, aunque algunos los líderes gremiales consideran que los recursos de las cajas pueden ser mejor ejecutados.
A través de su cuenta de Twittter, el presidente Iván Duque fue el primero en rechazar la idea de eliminar los aportes a las cajas de compensación, y dijo que “nuestro gobierno nunca respaldará propuestas que las debiliten o eliminen. Trabajaremos para fortalecer sus beneficios a los colombianos”.
Adriana Guillén, presidente de Asocajas (el gremio de las cajas de compensación), dijo que “la propuesta es un desconocimiento del sistema de compensación” y agregó que “es importante reducir el costo de crear empleo, pero también se debe ser cuidadoso al momento de decidir de qué costos prescindir”.
En esa misma línea, Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, rechazó la medida y resaltó el papel “esencial” de las cajas para generar equidad entre los trabajadores colombianos y sus familias.
Los presidentes de la Andi, la SAC y Acopi dijeron que no se debe acabar con el pago a estas empresas, pero no rechazaron que se hagan reformas a los aportes o a la forma como se ejecutan los recursos de las cajas.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, no comparte la idea de que las cajas sean eliminadas o debilitadas, aunque dijo que puede haber espacio para optimizar el uso de recursos aportados por las empresas, que “deben ser invertidos en el beneficio de todos”.
Jorge Bedoya, presidente de la SAC, indicó que, si bien no está de acuerdo con la propuesta de Anif, sí considera que se deben poner sobre la mesa opciones para combatir la informalidad, que en la zona rural alcanza 85%.
Rosmery Quintero, presidente de Acopi, dijo que se puede dar una reducción en los aportes que tienen que hacer las empresas, porque su infraestructura ya es autosuficiente.
Por su parte, Santiago Castro, presidente de Asobancaria, no descartó la propuesta, pero dijo que no cree que tenga viabilidad política en el Congreso.
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