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Roberto Moreno, presidente de Amarilo.
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Roberto Moreno, presidente de Amarilo, dijo que la constructora proyecta vendió unas 6.500 viviendas netas en 2025 y confirmó que el ajuste del mínimo encareció los costos
En medio de varios fundamentales que retan al negocio de la vivienda, Roberto Moreno, presidente de Amarilo, resaltó que la constructora espera lanzar 19 proyectos en 2026 y una preventa de hasta 11.000 unidades por cerca de $3,6 billones.
En esta conversación, reconoció que el ajuste de 23,7% en el salario mínimo sí ha tenido impacto en el valor del metro cuadrado, dado que, detrás de la edificación, hay un encadenamiento que ve afectados sus costos con el incremento del sueldo básico.
Mencionó que se siente optimista frente a la posibilidad de reunirse con el próximo Gobierno para trabajar en una nueva política de estímulo al sector y subsidio a los compradores.
La meta que tenemos este año es prevender unas 11.000 viviendas por 3,6 billones y escriturar otras 11.000.
Y la idea es lanzar 19 proyectos entre Bogotá, Soacha, Cartagena y Barranquilla. Lanzaremos un proyecto VIS en la zona norte de Cartagena.
La noticia que nos dieron a finales de 2025, sobre el ajuste de 23,7% en el salario mínimo, fue positiva para las familias que lo reciben, pero eso afecta una cadena de insumos del sector de la construcción, al igual que los costos de materiales, porque la mano de obra se incrementa y hay algunas cosas que están indexadas en el salario mínimo que afectan a toda la cadena.
“El control de precios a la vivienda social planteado en el borrador de decreto del Gobierno no reduce el valor de la vivienda; por el contrario, se traduce en menos oferta y más barreras de acceso”.
Este sector está encadenado con 34 sectores y más de 50 subsectores. Entonces, eso genera una presión en los costos y, efectivamente, los precios subieron, más o menos, entre 6% y 10%.
En ventas brutas tuvimos un poco más de 12.000 viviendas y en ventas netas (descontando los desistimientos) un poco más de 6.500. Tristemente, se canceló el programa Mi Casa Ya por parte de este Gobierno y eso frustró el sueño de muchas familias de tener su casa, eso en el frente de trabajos futuros. Y hay que decir que escrituramos casi 8.700 viviendas.
Esto ha funcionado durante los últimos 35 años y, en términos generales, ha funcionado muy bien, con reglas claras y estabilidad para el sistema. Muchos insumos están atados al salario mínimo, entonces es un debate que hay que dar en ese contexto.
El Gobierno central tenía un programa maravilloso que se llamaba Mi Casa Ya. Ese programa benefició a casi 270.000 familias y le llegó realmente muy focalizado en las familias que necesitaban su vivienda.
Yo digo que fuimos víctimas del éxito porque fue extraordinario; muchas empresas se animaron a construir vivienda social y prioritaria, y es muy triste que ese programa hubiera terminado.
Gracias a Dios los programas de alcaldías locales contrarrestaron esa caída de Mi Casa Ya en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y en el departamento de Atlántico.
Desde Asobancaria, Camacol y Asocajas están preparando propuestas para presentar al próximo Gobierno y a los candidatos; eso ya está muy avanzado y lo van a anunciar ellos prontamente. Hay que sentarse a trabajar con el Gobierno.
La vivienda trasciende a los gobiernos. Yo creo que tenemos que tener una visión de largo plazo; no importa quién esté, tenemos que pensar en las familias colombianas.
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