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José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In, explicó los acuerdos alcanzados por el gremio y envió mensaje al nuevo gobierno sobre la más reciente norma
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Un decreto de última hora, expedido en el ocaso del gobierno saliente, ha encendido las alarmas en el ecosistema de las plataformas digitales en Colombia.
Mientras que el saliente Gobierno Nacional asegura que el Decreto 099 de 2026 es un paso necesario para formalizar el trabajo digital y dar garantías básicas de protección social a miles de personas, José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In, denuncia que el decreto cambió lo que ya se había consensuado en el Congreso, endurece las condiciones para las aplicaciones y repartidores y acrecienta la inseguridad jurídica para la inversión.
Sin duda, lo que esto implica es la destrucción de decenas de miles de trabajos.
La ley de reforma laboral establece que, cuando un repartidor sea independiente, como lo son la gran mayoría en Colombia, las empresas de plataformas y los repartidores concurren en el pago de la seguridad social. Las empresas pagan 60% de la salud y la pensión y 100% de los riesgos laborales, pero el ingreso base de cotización de los repartidores para el pago de esa seguridad social es 40% del ingreso, sea cual sea el mismo.
“La IA y el cambio tecnológico no pueden ser excusas para precarizar el trabajo. Hoy, más de 440.000 repartidoras y repartidores tienen acceso a la seguridad social”.
Pero este decreto, en vez de cumplir lo que dice la ley, indica que las empresas de plataformas que tengan un repartidor que en el mes hizo $10.000 o $50.000, de una u otra manera tendrían que pagar por riesgos laborales $76.000 mensuales, que es el costo de esa tarifa, algo absurdo económicamente, porque implicaría que solamente en riesgos laborales las empresas tendrían que pagar más de lo que le pagan por su trabajo al repartidor.
Este decreto eleva los costos no solo para las empresas, sino también para los repartidores, pues el costo de seguridad social para un repartidor que trabaja a través de plataformas en Colombia con este decreto se eleva a más de 200% sobre el costo que tendría la aplicación de la ley.
Este decreto no entra en vigencia inmediatamente. Hay que esperar a que Pila implemente una serie de ajustes tecnológicos a su planilla y luego eso corre un año, por lo que no sería inmediato.
Lo bueno de todo esto es que permite al nuevo gobierno actuar sobre este decreto, frenar este adefesio y promulgar uno nuevo, mucho más técnico y mucho más realista.
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