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Entidad multó a tres cementeras por cartelización empresarial y paralelismo en precios de cemento entre el periodo 2010-2012
Tras recibir una sanción que supera los $73.000 millones de la Superintendencia de Industria y Comercio, Cemargos aclaró algunos puntos que soportar su defensa, y los cuales, servirán para interponer el recurso de reposición.
Para iniciar, la filial del Grupo Argos, señaló que se reitera al país y, en general, a todas las personas que se "aportó todos los argumentos y pruebas que demuestran que no incurrió ni en paralelismo consciente de precios, ni en cartelización, ni en una práctica contraria a la libre competencia".
De acuerdo con la compañía en materia de paralelismo en precios, la SIC no tuvo en cuenta los argumentos que Argos aportó en su respuesta, pues se entregaron pruebas claras sobre el comportamiento paralelo "al observarse unas bajas correlaciones entre las series de precios de las empresas, tanto a nivel nacional como regional".
Vale aclarar que frente a este punto la Superintendencia manifestó días atrás que las cementeras, entre ellas; Cementos Argos, subieron sus precios en 29%, comparada a la inflación que fue de 9,3% para el periodo 2010-2012. Por eso, frente a este tema la compañía afirmó que los precios de Argos en los tres años analizados tuvieron un crecimiento total de 20%, que representa un incremento promedio de 6,5% anual.
A lo que agregó que este crecimiento fue de tan solo 3 puntos porcentuales por encima de la inflación anual promedio en el periodo.
Otro de los puntos que se aclaró fueron las, presuntas ganancias supra competitivas, pues Argos resaltó que "no es acertado argumentar que Argos haya generado ganancias supra competitivas partiendo únicamente de la
comparación de costos de producción con los precios de venta".
En el segmento consolidado Fabricato registró unos ingresos consolidados acumulados a corte de marzo de $69.458 millones
La empresa también a anunció la venta de la totalidad de su participación en Arrow Exploration Corp el pasado 26 de abril de 2024
Según Sandra Jaramillo, en caso de no cumplirse ese plazo se pediría una prórroga todo depende de un informe que se le presentaría a la Superintendencia de Salud
