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El listado fue elaborado por el Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, y contiene 54 nombres, de los cuales 49 son denominados por la Fiscalía “autoridades” aforadas. Las hay del Partido de Dilma Rousseff y Luís Ignacio Lula da Silva, así como del Partido de los Trabajadores (PT) y de otros, como el PMDB y el PP. También hay políticos del Partido de la Socialdemocracia (PSDB), actualmente en la oposición.
En el listado figuran el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, del PMDB, formación aliada al Gobierno y el presidente del Senado, Renan Calheiros, de la misma formación. Hay también exministros, como Mário Negromonte, antiguo ministro de Ciudades de Dilma Rousseff, exgobernadores, como António Anastasia, y hasta un expresidentes de la República, como el actual senador Fernando Collor de Melo, que gobernó Brasil desde 1990 a 1992.
Los incluidos en la lista serán ahora investigados cuidadosamente, para decidir si se les imputa un delito o no, esto es, si hay pruebas suficientes como para sospechar fehacientemente que se beneficiaron del esquema general de corrupción que atravesaba de arriba abajo la petrolera pública. La Fiscalía calcula que en la década pasada fueron sustraídos de la caja de la petrolera, al menos, entre US$3.288 millones y US$6.577 millones.
Todo esto acontece, además, cuando Brasil atraviesa un periodo convulso desde el punto de vista económico: la inflación se desboca hasta un 7,7% debido a las nuevas tasas de la gasolina, el paro se incrementa poco a poco, aunque aún se encuentra en torno a un 5%, y la recesión económica ronda un país que en 2010 crecía un ritmo del 10%.
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