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Un reciente informe de Ser Colombia analizó la situación que tienen alrededor de 80 proyectos de inversión de energía alternativa, programados para operar este y el próximo año
Como en todo mercado, los negocios son susceptibles al riesgo. Sin embargo, hay algunos sectores como el energético que tienen una mayor exposición.
Por conflictos sociales, ambientales o políticos, en Colombia hay varios proyectos de energía renovable que se encuentran cancelados, parados o retrasados. El más reciente anuncio se dio por parte de la empresa Enel que informó que suspenderá de manera definitiva en La Guajira la construcción del proyecto eólico Windpeshi, luego de que se agotaran todas las instancias par resolver los problemas con la comunidad del área de la zona.
“Esta decisión, que no solo nos duele como compañía, sino como ciudadanos que le apuestan con mucha ilusión y responsabilidad a la transición energética, fue tomada luego de realizar rigurosos análisis y estudios de viabilidad, que concluyeron que no es posible para la Compañía continuar con la construcción ”, afirmó Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power en Colombia y Centroamérica al momento del anuncio.
Según un último informe de Ser Colombia, en el país hay alrededor de 80 proyectos de energía renovable no convencional que tienen fecha de entrada en operación entre 2023 y 2024, los cuales enfrentan desafíos. De ese total de proyectos analizados, 78 corresponden a energía solar (85% de la nueva capacidad) y dos proyectos serán de energía eólica (15% de la capacidad total).
Pero, ¿cómo van? El informe dice que 28 de los 80 proyectos analizados, es decir 35%, avanzan sin problema para lograr su puesta en operación en la fecha programada; 14 entrarán en 2023 (189 MW) y los otros 14 en 2024 (176 MW). Estos totalizan una capacidad de generación de 365 MW. Mientras que los demás, que serían la mayoría (65%), se encuentran adelantando trámites, varios de ellos con retrasos importantes en su puesta en marcha, recalca Ser Colombia.
En cuanto a las razones detrás de ese 65% que se encuentran sin ejecutarse, el informe explica que se deben en su mayoría a que "la mitad de los proyectos con pendientes para su puesta en operación tienen trámites ambientales: 40% ante Corporaciones Autónomas Regionales y 10% ante la Anla. Otro tanto, 19 proyectos, están esperando respuesta a diferentes trámites con la Upme, en su mayoría programados para 2023.
En las Corporaciones, los factores de bloqueos son por aprobación de licencias ambientales o modificaciones en la misma, por permisos de aprovechamiento forestal y aprobación del plan de compensación.
En la Upme, las trabas se deben principalmente a solicitudes de cambio de fecha de puesta en operación. Su relevancia es que sin esta autorización los proyectos pueden perder su conexión y, sin acceso a la red de transmisión no se comercializa la energía; se inviabiliza el proyecto, explica el informe.
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