Air-e le solicitó al nuevo procurador intervenir con los morosos de entidades oficiales

Con la llegada de Gregorio Eljach a la Procuraduría, las reacciones de varias empresas públicas del Caribe no se hicieron esperar. En una carta del agente interventor de Air-e, Edwin Palma, al nuevo designado en el ente de control se mencionó que hay un largo listado de deudores oficiales morosos, entre ellos están la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, Sabanalarga, Santa Marta, Riohacha, Maicao, entre otros.

Pero la carta no solo se quedó en señalar quiénes tienen deudas insolutas con la empresa, también manifestó que los morosos serían objetivo de acciones disciplinarias y fiscales, procesos que está adelantando la empresa de servicios públicos.

Palma puso en consideración del nuevo procurador intervenir en el asunto, con la finalidad de que los funcionarios que representan a las entidades cumplan con el pago.

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Los señalamientos del interventor indicaron que la Corte Constitucional denominó las posesiones de los morosos como “bienes constitucionalmente protegidos”, afirmando que esa medida es aprovechada por funcionarios para incumplir con el pago de las obligaciones, ya que, a causa de su “protección” no se les puede quitar el servicio.

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“La posibilidad de una efectiva prestación del servicio de energía está condicionada a la viabilidad financiera, de tal forma que la reiteración de prácticas ilegales como abstenerse de cancelar la factura contribuye a su afectación, lo que en términos del artículo 365 de la Constitución también vulnera la finalidad social del Estado”, argumentó.

Incluso fue más allá, afirmando que la ley contempla como falta grave el incumplimiento de estas obligaciones, las cuales pueden acarrear la destitución de los funcionarios; ello lo menciona citando los artículos 12 de la Ley 142 de 1994 y 49 de la Ley 143 de 1994.

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Una vez más el interventor enfatizó en los problemas financieros de la compañía, señalando que la cartera de los morosos supera $94.000 millones, lo que exige un esfuerzo de la empresa y también del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos para garantizar la operación.