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Air-e se creó con el compromiso de no repetir la historia de Electricaribe.
La entidad señaló que la decisión se tomó para garantizar que las actuaciones administrativas cumplan con la ley y el debido monitoreo
A las 10 a.m. del 13 de enero, habrá una reunión en la Procuraduría para hacer seguimiento a la intervención de la empresa de servicios públicos del Caribe, Air-e. Lo anterior se dio como respuesta a la petición de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
La Procuraduría señaló que la decisión se tomó con la finalidad de garantizar que las actuaciones administrativas cumplan con la ley y que el proceso tenga el debido monitoreo.
“La complejidad de esta intervención radica en su potencial efecto dominó sobre el mercado eléctrico, dado que las decisiones tomadas por las autoridades que se describen en el presente escrito, desconociendo el régimen constitucional y legal, evidencian una preocupante alteración del equilibrio del sector al afectar la cadena de pagos y la estabilidad financiera de diversos agentes”, señaló John Maya Salazar, gerente general de EPM.
En octubre de 2020, Air-e comenzó a prestar el servicio de energía en el Caribe. Su creación fue impulsada por el Gobierno del momento, el cual afirmó que la empresa nacía para garantizar la prestación del servicio a 10 millones de habitantes y para lograr la adjudicación a nuevos operadores inversionistas.
La organización se creó con el compromiso de no repetir la historia de Electricaribe, empresa por la cual el Estado tuvo que asumir gran parte de su deuda y que, en última instancia, terminó siendo liquidada.
Air-e remplazó a Electricaribe, pero desde comienzos de 2022 la compañía comenzó a reportar índices de pérdida de energía por hurto. A causa de lo anterior y de su difícil situación financiera, el Gobierno Petro comenzó a plantearse la intervención de la compañía, la cual se dio en septiembre de 2024.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, dio su concepto favorable para la intervención; Carlos Diago fue designado como agente interventor de Air-e, pero su permanencia solo se dio hasta octubre de 2024, Edwin Palma terminó siendo su remplazo.
Para comienzos de 2025, el nuevo agente interventor identificó contratos de energía incumplidos, desorden en la contabilidad y en la contratación con terceros, racionamientos de energía que se informaron como ‘mantenimientos’, escasa ejecución del plan de inversión, pérdida de recursos que estaban destinados a la “normalización eléctrica” y baja calidad del servicio.
En cuanto a la situación financiera, señaló que Air-e presentó un deterioro patrimonial severo, reportando pérdidas acumuladas y desbalances financieros significativos; las obligaciones están valoradas en $1,9 billones, y esto se ha agudizado por el incumplimiento de pagos.
Como consecuencia de lo anterior, el interventor señaló que la empresa no ha generado utilidades por cuarto año consecutivo, lo que a su vez genera dificultades para lograr la operatividad de la compañía. “Día tras día la situación empeora por la alta exposición a bolsa que tiene la empresa y por los precios de la generación de energía en el mercado”, apuntó el agente interventor de Air-e.
Los interventores señalaron que la empresa tiene un “sinnúmero” de acciones legales en contra por el incumplimiento de pagos, afirmando que 21 de ellos, que están suspendidos a causa de la intervención, registran demandas por más de $69.300 millones.
A causa del diagnóstico, la entidad estableció para Air-e la modalidad de toma de posesión con fines liquidatarios, en la cual se incluye una administración temporal que permita la recuperación de la compañía. De esta manera, Superservicios manifestó que Air-e no será liquidada y que continuará bajo la administración del ente de control.
El ente de control concluyó que Air-e presentó un deterioro financiero y operativo, en el cual hubo indicadores negativos, a lo que se sumaron atrasos en el pago a proveedores.
Frente a las deficiencias que reportó el agente interventor de la empresa de servicios públicos Air-e en un informe público, la junta directiva de esa organización manifestó que se cumplió con 90% de indicadores. También, mencionaron que no disminuyó la calidad del servicio y añadieron que la empresa alcanzó un Ebitda positivo a finales de 2022. Luego, agregaron que no se está reconociendo el cobro de $5 billones a usuarios y entes oficiales, afirmando que "es responsabilidad del interventor gestionar esos cobros".
Para el 10 de enero, luego, de una reunión entre el ministro de Hacienda, Diego Guevara; el nuevo agente interventor, Edwin Palma; y el superintendente de Servicios Públicos, Libardo Yanod Márquez Aldana, se anunció una recuperación financiera de Air-e a través de subsidios de energía en cerca de $300.000 millones y recursos por $100.000 millones.
El encargado de la intervención de Air-e, Edwin Palma, invitó a gremios y actores del sector público y privado a llegar a consenso sobre la compra de la compañía o la construcción de una empresa mixta.
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