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Edwin Palma Egea, agente interventor de Air-e.
La compañía determinó que el tributo impone una carga a los usuarios más vulnerables, grabando a los estratos 1 y 2 aunque no consuman energía
Los altos cobros de energía en el Caribe siguen dando de qué hablar. La empresa de servicios públicos del Caribe Air-e le expresó a la Gobernación del Atlántico que es “inconveniente” la manera en cómo se grabó la tasa de seguridad.
Air-e está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos y en esta coyuntura manifestó que tiene serios reparos jurídicos sobre la medida,y también abordó la forma en que “se le impuso la condición de ‘agente recaudador’ y las obligaciones de declaración y pago derivados de esta gestión fiscal”.
Las razones de orden jurídico que puso sobre la mesa la empresa fueron que el tributo violó las leyes 1106 de 2006, 1421 de 2010, 2272 de 2022, y también un conjunto de sentencias que no habilitaron a las entidades territoriales a establecer una declaración del recaudo con pago o la imposición de sanciones en caso de no hacerlo.
Con todo esto dicho, la compañía dijo que el cobro se puede hacer de forma separada, afirmando que “es el caso señalar que el conjunto de normas que regulan este tributo en Atlántico no impone la carga de facturar conjuntamente la tasa con el servicio de energía eléctrica, de tal manera que este cobro se puede hacer de manera separada”.
La compañía continuó argumentando que el tributo impone una carga fiscal a los usuarios más vulnerables, ya que graba a los estratos 1 y 2 con valores fijos independientemente de si consumen energía o no.
“A los usuarios no residenciales se les impone una tarifa en función del consumo, pero partiendo de un rango que empieza en 0 kilovatios, lo que hace que estos usuarios no sean competitivos en las actividades productivas”, expresó la compañía.
El sindicato de Trabajadores de Empresas de Energía Eléctrica, Sintraenergía, apoyó la gestión de Palma, afirmando que están de acuerdo con las medidas que ha tomado como interventor, y resaltaron más de un centenar de vinculaciones laborales de contratos a término indefinido y el "reconocimiento" a la retroactividad y actualización de pagos salariales de trabajadores "corporativos y tercerizados".
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