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Para lograrlo, Cante sugirió que “es necesario expedir unas normas claras que permitan conciliar la tensión que existe entre estas competencias legales”
Así mismo, se refirió a la importancia de la inclusión de las autoridades locales y las comunidades en las etapas tempranas de la concesión de los proyectos mineros.
“En esta primera etapa juega un papel importante el estado y las empresas, ya que de manera conjunta se deben armonizar estas actividades con la conservación y protección del medio ambiente, con el amparo de la integridad social y económica de la región y con el respeto de los derechos constitucionales de las comunidades que habitan en el área de influencia de los proyectos mineros”, explicó Cante.
De igual forma, recordó que la minería bien hecha genera cerca de 1.750.000 empleos y que en los últimos 5 años le ha aportado al país, solo en regalías, más de $10 billones. Así, el sector se convierte en un gran jalonador del progreso social, económico y ambiental, y esto sin duda aporta a la construcción de paz estable y duradera”.
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