“Vamos a defender a Familias en Acción con patas y manos”, dijo Bruce Mac Master

El director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Bruce Mac Master, habló sobre los retos que enfrenta su entidad, como el de llevar prosperidad a las clases más desfavorecidas, las mismas con las que por estos días el presidente Juan Manuel Santos no cuenta con la mayor aprobación, según las últimas encuestas.

Mac Master reconoció que uno de los problemas que seguro enfrentará el programa Familias en Acción, que está bajo la dirección del DPS, será los intentos de grupos de abogados por colar personas que no necesitan de la ayuda del Estado.

En ese sentido, el director del DNP advirtió que luchará con “patas y manos” para defenderse de ese tipo de delitos y garantizarle la ayuda que solicitan a aquellos que en verdad lo necesitan.

¿Cómo va el programa de Familias en Acción hasta el momento?
Es el programa médula espinal de lucha contra la pobreza en Colombia. Tenemos dos capítulos grandes, uno de ellos es el canal indirecto que es todo lo que se ha venido haciendo en la economía, en el Congreso, en los mercados para que la economía sea más grande y efectivamente podamos generar mayor empleo y Colombia sea un país más rico. Esto es necesario más no suficiente. El canal directo es el que le llega directamente a la gente, y Familias en Acción es el programa que más directamente le llega a la pobreza.

¿Qué viene en el programa Familias en Acción?
La fase uno se termina este año y básicamente lo que hubo fueron unas inscripciones y unas familias que hicieron parte del programa. En este momento estamos en la definición de Familias en Acción fase tres. Ese va a ser el instrumento más poderoso con que haya contado la sociedad colombiana para jalar a la gente de la pobreza. Es un instrumento que está enmarcado dentro de los más altos estándares de políticas modernas de apoyo a los pobres.
Se trata de apoyar a la gente con dinero, pero no simplemente regalándolo, sino de poner ciertas condiciones que además sean convenientes. Por ejemplo, que los que acceden a los beneficios tengan que llevar a los niños al colegio o que los lleven al médico.

¿Qué se está haciendo para beneficiar a las clases más desfavorecidas?
Por ejemplo vamos a generar incentivos particulares para pegarle en la médula al embarazo adolecente, necesitamos disminuir esas tasas, vamos también a trabajar en generar un incentivo económico para las familias que tienen miembros en condición de discapacidad porque hoy en día a una familia pobre le cuesta mucho trabajo cuidar a un miembro en condición de discapacidad.
Además vamos a trabajar en programas como la prevención del trabajo de menores de edad en minas. La familia que saque niños de las minas y del trabajo ilegal y los ponga a estudiar, le vamos a dar un incentivo particular.

¿Cómo pueden acceder las familias a esos incentivos?
Familias en Acción se va convertir en un derecho, hoy en día es un programa. Hoy día con el proyecto de ley que hemos presentamos, lo que hemos dicho es: El Departamento para la Prosperidad Social, define unos criterios objetivos y las personas simplemente con el cumplimiento de esos criterios tendrán derecho a apoderarse de eso. Tenemos unos procesos de inscripción que arrancaran en julio, que cuentan con unos mecanismos de certificación. Ese beneficio se pagará de forma automática, la gente no tendrá que ir a cobrar ese beneficio, hoy día es ligeramente costoso para algunas personas ir hasta un banco.

¿Cuántos recursos se han destinado para trabajar en los proyectos del DPS?
Hasta ahora el presupuesto del DPS para esto en particular es de 1,67 billones de pesos. Pero se necesita una cifra significativamente mayor y muy probablemente lo que vamos a tener es un programa bastante más robusto de aquí en adelante.

¿Con un presupuesto tan alto, no le preocupa que haya políticos que se quieran aprovechar del programa?
Claro, pero lo que pasa es que este programa en particular debe regirse por criterios objetivos donde ni siquiera yo pueda intervenir en quién es o no un beneficiario. Vamos a tener que crear comisiones objetivas donde el ciudadano sabe si puede o no acceder al programa y si sí puede va a recibir sus recursos por derecho propio. De hecho estamos promocionando una ley que nos permite hacer eso. Nos permite crear el derecho por ley.

¿Le preocupa que haya grupos de abogados que estén buscando meter personas que no son necesitadas a ese programa?
Eso puede pasar y la verdad es que tenemos que cuidar como siempre, y es un mantra nuestro, cuidar los recursos de los pobres, de las víctimas y de los niños porque son sagrados y nosotros pelearemos por defenderlos. De pronto grupos de abogados pueden intentar eso, de hecho la historia demuestra que el comportamiento típico de estos grupos es ese, sin embargo, la obligación de nosotros es defendernos.

¿Y cómo será esa defensa?
Nos vamos a defender con patas y manos, y para eso esos son los abogados que hay aquí. El DPS es bueno defendiendo los recursos de los pobres, de las víctimas, de los desplazados y pondremos todo nuestro contingente de defensa en esos recursos.
Tenemos un área jurídica muy robusta que es la que ha defendido históricamente a las víctimas, a los desplazados y en un momento dado tendremos más de 100 abogados trabajando para defender esos recursos. Son gente experta en defender los recursos del público y de las poblaciones vulnerables.

Hablando de problemas jurídicos, hace poco usted reveló que había órdenes de arresto en su contra ¿Qué ha pasado con eso?
Eso es una de las situaciones más paradójicas que uno se encuentra en este cargo en el cual estoy y que acepto con toda humildad. Las personas que se dedican misionalmente a defender los intereses de las víctimas, de los desplazados y de los pobres, por algunas cosas del sistema penal colombiano, son también a quienes les ponen las tutelas y a quienes eventualmente les generan órdenes de arresto.

¿Cuántas órdenes de arresto ha recibido?
Llevo cinco meses en este trabajo y ya he tenido más de 30 órdenes de arresto, que van entre 3 y 60 días, afortunadamente hemos podido demostrar que el DPS cumplió con su obligación y sencillamente el juez no lo sabía o la persona no había sido notificada.
Pasan cosas tan curiosas, especialmente en las poblaciones de desplazados, que ellos por su naturales propia, no son notificables y no se encuentra la dirección para avisarles que la ayuda humanitaria que solicitó ya está disponible. El juez considera que si los hechos no se notifican, no se le hizo caso a una tutela y por lo tanto hay un desacato.

¿Le preocupa terminar en la cárcel por cumplir su función?
La verdad es que nadie quiere terminar en la cárcel, lo que sí tengo es la conciencia absolutamente tranquila, si me llega a pasar algún día, quiero que mis amigos sepan por qué sucedió y que mis enemigos no se alegren demasiado porque es en cumplimiento de mi deber, y sobre todo la conciencia nuestra está absolutamente tranquila.

Las últimas encuestas muestran que el presidente Santos tiene poca favorabilidad en las clases bajas ¿Cómo va hacer el Gobierno para que mostrarles que sí está haciendo algo por ellos?
La única forma válida es mostrando resultados. Estos procesos tienen su propia dinámica en términos de tiempo, maduración, diseño y ejecución. Familias en Acción fase tres sale en julio de este año.
Hay otros resultados que tienen un proceso de maduración relativamente largo, por ejemplo, para poder sacar a una familia de la pobreza, en virtud de que no tienen suficiente formación educativa toma un tiempo que la gente estudie, que adquiera capacidades y habilidades.
Estamos teniendo a una buena cantidad de personas estudiando, capacitándose y muchos de ellos ya han comenzado a ser empleados y tenemos otros programas donde hay miles de persona empleadas. Somos muy optimistas de lo que va a suceder con las cifras de pobreza. La gente tiene razón en tener expectativas altas porque las necesidades son altas.

Se vienen las elecciones de Gobernador de Valle a mitad de año ¿qué hacer para que los políticos no se abanderen del proyecto de Familias en Acción?
Nosotros sencillamente no vamos a dejar que se apoderen del DPS. Nosotros tenemos la obligación de denunciar penalmente y electoralmente cualquier persona que quiera aprovechar cualquier programa del Gobierno para favorecerse en unas elecciones. Familias en Acción ya tuvo un proceso de transparencia y en todos los procesos electorales que vengan de aquí en adelante, tenemos que ponerlo en práctica.

¿Cómo está trabajando el DPS para colaborar en el proceso de restitución de tierras?
Aunque el proceso de restitución de tierras lo lidera el Ministerio de Agricultura, tenemos unas responsabilidades muy importantes y es que una vez se de la restitución viene un proceso de retorno. Tenemos programas para eso, por ejemplo el programa ‘Familias en su Tierra’ lo que hace es acompañar a las familias que están regresando, no solamente desde el punto de vista de su reintegración social sino que además tengan oportunidades en términos de generación de ingresos, le hacemos asesorías, capacitación y buscamos que los programas que recibieron en otras partes los puedan seguir recibiendo en los lugares a donde llegan.

¿El DPS va a tener alguna colaboración con las 100 mil viviendas que prometió el Gobierno?
Ahora estamos haciendo un trabajo de focalización muy coordinado con el Ministerio de Vivienda para el programa de las 100 mil viviendas que lanzó el presidente Juan Manuel Santos. Ese programa de 100 mil casas está orientado justamente a las poblaciones que nosotros trabajamos en la Red Unidos y en Familias en Acción. La tarea nuestra aquí es darle información suficientemente buena al Ministerio de Vivienda sobre dónde construir, cuántas casas y a quién se le deben adjudicar.