Universidades hablan de un nuevo modelo de financiamiento para reforma de Ley 30

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Entre los planes que se mueven entre la administración de Gustavo Petro se encuentra el “camino hacia la gratuidad” en la educación superior, una de las propuestas madre durante campaña. Luego de ser aprobada la reforma a la salud a finales de mayo, por la Comisión VI también se venía cocinando un proyecto de Ley a favor de la educación gratuita.

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La reforma parcial a la Ley 30 de 1992 busca, precisamente, cambiar el mecanismo de financiamiento de la educación superior a través de una mejora en la gestión de recursos por parte del Gobierno.

Luis Fernando Múnera, rector de la Universidad Javeriana, explica que si bien la Ley 30 es una “muy buena” ley que permitió la creación de figuras clave como el Sistema Nacional de Acreditación y las tipologías institucionales, se debe repensar en las fuentes de financiación de la educación superior, y que, además, se requiere diferenciar claramente la educación posecundaria (diplomados, tecnólogos y cursos cortos) y la educación superior.

“Es ideal repensar a fondo las fuentes de financiación de la educación superior en Colombia. Todas las IES deben tener aseguradas fuentes de financiación, públicas y privadas, para beneficio de la sociedad en general. La educación y la generación de conocimiento deben ser una gran apuesta en términos de PIB. La reforma al Icetex y a Findeter son necesarias”, dice el directivo.

De hecho, hizo un llamado al reconocimiento de un sistema de educación superior mucho más complejo. “Las realidades de la educación superior, las expectativas de los jóvenes, lo requerido por la sociedad y el mundo del trabajo, han desbordado la normativa actual. Por ejemplo, se requieren diferenciar claramente la educación posecundaria y la educación superior; reconocer verdaderamente la formación a lo largo de la vida; generar valoraciones, fomento y fortalecimiento equitativo entre instituciones públicas y privadas”, complementa.

Por su parte, Ramón Javier Mesa, vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia, coincidió en que los puntos que se tocan en la reforma obedecen a las problemáticas relacionadas con el aumento de la base presupuestal para las instituciones.

“Es necesario nuevos recursos para aumentar la base presupuestal de las instituciones universitarias públicas indexando estos recursos al comportamiento del índice de costos a la educación superior (cuando esté por encima del IPC). Además, necesitamos recursos para la creación de plazas docentes y administrativas, así como para el cierre de brecha”.

Sobre esto, explica en detalle, urge la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley. “En materia de financiamiento urge la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que permitan corregir el descalce financiero provocado por el crecimiento de los gastos de funcionamientos de las instituciones universitarias públicas por encima de los partes de Ley. El propósito es reducir el desfinanciamiento histórico que arrastra la educación superior pública y garantizar el funcionamiento adecuado para asegurar calidad y cobertura”, señala.

Felipe Cárdenas, director de la Red Iberoamericana de Sociopolítica, Cultura y Ambiente de la Universidad de La Sabana, explica que, si bien los recursos de los Iesp deben tener mayor solidez respecto a que sean provenientes del Presupuesto General de la Nación y no de las regalías, también dice que las instituciones podrían generar sus propios recursos.

“Debe buscar formas en que las instituciones públicas sean más eficientes en el gasto y que organicen su presupuesto no sólo con base en los recursos de la Nación y transferencias, sino que las universidades públicas también generen sus propios ingresos”, concluye.