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ECONOMÍA Una reforma tributaria que suena al ritmo de las bebidas
sábado, 24 de septiembre de 2016
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Juan Pablo Vega B. - jvega@larepublica.com.co

Ambas iniciativas se han recogido, por ejemplo, en las recomendaciones hechas por el Comité de Expertos Tributarios y, recientemente, un grupo de expertos liderado por el Ministerio de Salud y universidades como Harvard, Washington, New York, Universidad de Chile, Universidad de Sao Paulo, entre otras. En el caso de las bebidas azucaradas, el informe de la comisión tributaria sugiere que si hay un impacto positivo en la salud, podría contribuir a generar, más allá de sus efectos sobre el recaudo, una corrección sobre la propagación de enfermedades crónicas. 

En ese sentido, el comité que conformó el Ministerio de Salud plantea el siguiente escenario: si en Colombia se impone un tributo de 20%, las compras de estas bebidas se reducirían alrededor de 23% y el recaudo aumentarían alrededor de $1,35 billones en promedio entre los tres a cinco primeros años. 

Y es que el consumo de las bebidas azucaradas ha sido una tradición en los hogares colombianos. De hecho, un informe de Kantar Worldpanel muestra que entre enero y junio de 2016, 98% de los hogares colombianos destinó a la compra de bebidas azucaradas $292.000. 

Ahora bien, en los licores el panorama muestra la preocupación por los cambios al monopolio rentístico que recae sobre regiones como Boyacá, donde cerca de 70% de los ingresos que recibe el departamento vienen de los licores. 

Julián Jiménez, tibutarista y socio de Crowe Horwath considera que “Colombia está poniendo en práctica las recomendaciones de la Ocde para dar un nivel de competencia entre los licores nacionales y los importados. Entonces lo que la norma busca es equiparar el tratamiento tributario”. 

La comisión de expertos de la Tributaria puso sobre la mesa la necesidad de unificar el impuesto a las cervezas y a los licores y vinos. Este impuesto tendría una base específica de $400 por grado de alcohol contenido en el producto, e incluiría un tramo exento de dos grados de alcohol para todas las bebidas. Lo que contiene la ley es una tarifa por grado de alcohol de $220 pero agregando un IVA de 5%. 

¿Cómo están los mercados? 
Para los productos con alcohol, si se toman las cifras de  unidades de botellas vendidas y se multiplican por los precios promedios que EConcept presentó en 2015, se tiene que, por ejemplo, en aguardiente se vendieron $1,48 billones ($23.516 por una botella de 750 c.c), y en ron las ventas serían de $858.000 millones ($32.970 para una botella de las mismas proporciones). Así se está hablando de un mercado que mueve más de $2,5 billones si se cuentan aperitivos y otros licores.   

En el caso de las bebidas azucaradas, el estudio que revela Kantar Worldpanel señala que, en promedio, un hogar consume 153 litros de bebidas azucaradas en un año representado en 174 unidades consumidas durante el mismo período en diferentes tamaños. En ese aspecto, un hogar destina 37% del presupuesto a gaseosas como la categoría de mayor gasto seguida por Yogurt con 20%, Jugos Industrializados y Chocolate de Mesa con 15%, refrescos en polvo con 7% y en último lugar Maltas con 5% de gasto.

La conclusión, según el exdirector de la Dian, Gustavo Cote, va en el debate que debe dar el país sobre la necesidad de generar una tributación a estas dos bebidas, azucaradas y alcohólicas, por su impacto en la salud y que sin duda el legislativo ya está evaluando.

Proyecto de Ley de Licores

¿Cuál es la propuesta?
El proyecto busca establecer un impuesto específico de $220 por cada grado de alcohol y un componente ad valórem de 25% sobre el precio final antes de impuestos, además de un IVA general de 5%. En relación con el monopolio rentístico, se propone eliminar la tercerización en la producción de licores y establecer contratos que se ganarán a través de subastas organizadas por las gobernaciones y que tendrán una duración de entre cinco a diez años y los departamentos podrán establecer las tarifas del monopolio. Sobre los derechos de explotación de la introducción de bebidas, estos serán 2% de las ventas anuales del introductor.  

¿Qué impacto tiene?
Esta iniciativa busca, en primer lugar, incrementar en 18% el nivel de recaudo de impuestos, comparado con la estructura tal cual como está hoy. Según ha indicado MinHacienda, de ser aprobada la ley, el recaudo pasaría de $1,4 billones a $1,7 billones, es decir, cerca de $300.000 millones adicionales.

De acuerdo con el texto del proyecto, el aumento en el recaudo “aumentará para todos los departamentos, los cuales verán incrementos de entre 8% y 24% en el recaudo de impuesto al consumo o participación para cada departamento”, con la posibilidad de las asambleas para fijar mayores tarifas, con lo que los recursos serían mayores.

Argumentos a favor

El primer interesado en que se hagan estas modificaciones es el Ministerio de Hacienda, el cual ha expresado que esta iniciativa le da libertad a los departamentos para que manejen el monopolio rentístico y puedan obtener mayores recursos. La Federación Nacional de Departamentos, tiene algunos reparos sobre este punto, “porque nos parece que son insuficientes las salvaguardas planteadas, pero en lo que tiene que ver con el nuevo esquema de la tarifa de la carga impositiva estamos totalmente de acuerdo”, señaló su director, Amylkar Acosta, al considerar que las modificaciones “nivelan las cargas” del mercado.

Argumentos en contra

Del lado del Gobierno se dice que los departamentos se beneficiarán con más recursos, pero los gremios, tanto de comercio como de las licoreras, han hecho notar grandes dificultades del proyecto. Fenalco, por ejemplo, estima que el contrabando de bebidas como el whisky podría llegar hasta 40%, de aprobarse la ley como está. La industria del vino ha expresado una especial preocupación, pues como anotó Asovinos, este no es un producto destilado, sino fermentado como la cerveza, que está excluida del proyecto y que dejaría un incremento de hasta 170% en los impuestos que pagan actualmente.

Experiencia internacional

Según tiene consignado el informe de la Comisión de Expertos Tributarios, “Colombia tiene un impuesto por grado de alcohol relativamente bajo”. Así, cuando en Colombia el promedio es de US$0,18 por grado de alcohol, el promedio de los países de la Ocde es de US$0,25 por grado. Noruega tendría el impuesto más alto, alcanzando US$0,9 por alcohol, Islandia cerca de US$0,8 grado/alcohol, Suecia y Australia bordearían un tributo de US$0,6 grado alcohol. Entre los más bajos están EE.UU., España y Canadá, bordeando US$0,1 por grado. Si se observan los precios de los vinos, según MinHacieda, son más altos que en la región.

La apuesta en las bebidas azucaradas

¿Cuál es la propuesta?
Aún no está definido cuál va a ser la tributación con la que el Gobierno Nacional se juegue la próxima reforma tributaria, en la que se supone entraría el impuesto a las bebidas azucaradas. Hoy Colombia no cuenta con impuesto directo a este tipo de productos. Si bien la tarifa que más ha sonado es 20%, los escenarios propuestos por Nielsen y EConcept muestran que en el recaudo del Impuesto de Valor Agregado se podría presentar una disminución por cuenta de esta nueva fuente de ingreso del fisco. Si la tarifa fuera de 5%, la caída en el IVA sería de $41.700 millones. La destinación sería específicamente al sistema de salud.

¿Qué impacto trae?
De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) un gravamen extra a las bebidas no solo afectaría a comerciantes y tenderos, sino también, generaría una caída en las ventas del sector de alojamiento, comidas y bebidas de $143.000 millones; de $19.000 millones en el sector de bebidas y $2.000 millones en los sectores de productos químicos y comercio sin resultados en salud y/o lucha contra el sobrepeso. El Ministerio de Salud considera que el recaudo de este impuesto puede ser usado para mejorar los servicios de salud  para diabetes y otras enfermedades que han aumentado cerca a 750% entre 2009 y 2012.

Argumentos a favor

La Organización Mundial de la Salud -OMS- y el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer han publicado lineamientos que sugieren que el consumo de azúcares añadidos no debe ser superior a 10% de las calorías y preferiblemente menos de 5%. De acuerdo con las autoridades sanitarias, los impuestos a las bebidas azucaradas son particularmente efectivos en disminuir consumo y mejorar la salud de los consumidores de menores ingresos. Así mismo, las personas de menores ingresos sufren desproporcionadamente los efectos nocivos de la obesidad. La tributación estimula el consumo de bebidas saludables como el agua y la leche.

Argumentos en contra

De acuerdo con la Andi el impuesto a bebidas no alcohólicas propuesto como respuesta a disminuir los índices de sobrepeso en varios países, no han significado una disminución en los indicadores de salud como obesidad y diabetes. Según la agremiación un tributo a esta bebidas fomenta el contrabando y el desempleo y lleva a tener grandes pérdidas para la industria y los comerciantes. En tanto, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) ha estimado que una consecuencia del impuesto es una caída de 20% en las ventas. Además de refutar el aumento de consumo del agua y asegura que habrían menos ingresos para empresas.

Experiencia internacional

México fue el primer país, a comienzos de 2014, en implementar una tasa de impuestos incremental de productos azucarados que arrancaba en 13,3%. Inicialmente generó un impacto negativo en consumo de cerca de -1,9%. Chile implementó una nueva ley de etiquetado para alertar de forma clara a los consumidores sobre los niveles de azúcar, sodio, calorías y grasa saturada en los productos de consumo masivo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos globales recomiendan que este impuesto sea por lo menos 20%. Los gobiernos de Reino Unido, Sudáfrica y otros países están promoviendo este porcentaje.

Las opiniones

Gustavo Cote
Exdirector de la Dian

“El debate con estos dos impuestos no responde solamente a la necesidad de mayores ingresos sino al impacto que tienen estas bebidas sobre la salud”. 

Amylkar Acosta
Director de la Federación Nacional de Departamentos

“Este cambio hay que hacerlo pues le hace justicia a los departamentos. Ha habido un diálogo con el Gobierno, que ha permitido tener los correctivos y ajustes necesarios”. 

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