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En 2021 fue la última vez que se suspendió la regla fiscal, este trámite no requiere un paso por la rama legislativa.
Analistas también advierten sobre una pérdida en el grado de inversión, un endeudamiento público más costoso y la imposibilidad de acceder a créditos flexibles
Las finanzas del Gobierno no son claras de cara al cumplimiento de la regla fiscal. Aunque se había considerado en el Plan Financiero un déficit fiscal de 5,1% del PIB en 2025, analistas consideran que no se va a cumplir con dicha meta en razón de la sobreestimación del recaudo tributario y la negativa de un recorte de gasto.
Ante esta situación, el Gobierno puso sobre la mesa la posibilidad de suspender la regla fiscal por tres años. Sin embargo, cálculos de Corficolombiana apuntan a que, de aprobarse, el déficit fiscal del país podría elevarse a 7,4% este año.
Para que se apruebe, se requiere una reunión del Consejo Superior de la Política Fiscal, Confis, la cual se llevó a cabo ayer, más un concepto no vinculante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf. Aunque no se ha dado el veredicto final, exministros advierten sobre una posible pérdida en la calificación crediticia, así como la imposibilidad de acceder a créditos de la banca multilateral, también de la pérdida de credibilidad en los mercados internacionales.
De acuerdo con José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la EIA, suspender la regla fiscal llevaría a una rebaja de calificación crediticia por parte de Moody’s, única calificadora que aún no rebaja el grado de inversión de Colombia; actualmente está en Baa2.
José Antonio Ocampo, exjefe de la cartera de Hacienda, señaló que el país perdería la posibilidad de acceder a los créditos flexibles del Fondo Monetario Internacional, FMI. “Se perderá el acceso al crédito flexible; el Gobierno no ha tenido la intención de usarlo pero no se debería perder, se le da a los países que se destacan por la solidez de sus fundamentos macroeconómicos”, dijo Ocampo.
Restrepo explicó que aprobar la suspensión de la regla fiscal daría un mensaje de desconfianza e incertidumbre en los mercados internacionales sobre el manejo de la política pública y el compromiso con la sostenibilidad fiscal.
“Se desincentivará la inversión extranjera y privada. También habrán efectos sobre la tasa de cambio y una mayor prima de riesgo país, que contraería el espacio para la inversión productiva por tasas más altas”, concluyó el rector de la EIA.
Tanto Ocampo como Restrepo coinciden en que la alternativa, en caso de que no se apruebe la suspensión, es un recorte del gasto, más no un congelamiento del mismo.
“El Gobierno no recortó el gasto el año pasado y quedaron reservas presupuestales que afectan la caja. Hay espacio para hacerlo con recortes en transferencias y burocracia innecesaria”, concluyó Restrepo.
Corficolombiana se mostró cauta frente a la posibilidad de que se suspenda la regla fiscal por tres años. Según sus estimaciones, un déficit de 7,4% del PIB en 2025 no solo sería mayor a la proyección del Ministerio de Hacienda de febrero, sino que sería el doble de lo registrado antes de la pandemia (promedio entre 2016 y 2020 fue de 3,7% del PIB).
“El déficit a financiar en 2025 será entre $26 billones y $47 billones más alto de los previsto en el Plan Financiero, “generando aún más presión sobre las tasas de los TES”, explicaron desde Corfi.
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